Transparentar el padrón de socios y choferes, instalar cámaras de videovigilancia y botones de pánico, capacitar a conductores, entregarles licencias por medio de controles de confianza y establecer sólo el pago electrónico, son parte de las reformas a la Ley del Transporte que presentó el gobernador Antonio Gali Fayad.

La propuesta del Ejecutivo que se analizará en el Congreso surge tras los asesinatos de las estudiantes Mara Fernanda Castilla Miranda y Mariana Fuentes Soto, en los que estuvieron involucrados choferes de las plataformas Uber y Cabify.

Alberto Vivas Arroyo, subsecretario de Movilidad y Transporte, dio a conocer parte de las modificaciones que tendrá la normativa, y que afirmó aplicarán tanto para las Empresas de Redes de Transporte (ERT), modalidad en la que se encuentran Uber y Cabify, como para las unidades del servicio mercantil, es decir, los taxis tradicionales.

Sin embargo, Vivas Arroyo no precisó el mecanismo legal con el que el gobierno estatal obligará a los permisionarios del servicio mercantil y ejecutivo a cumplir con las nuevas disposiciones, mismas que no tienen carácter de retroactivo.

La semana pasada, Gali Fayad anunció la presentación de la iniciativa, la cual tiene como fin endurecer la regulación para la operación de Uber y Cabify, empresas que desde agosto de 2015 brindan su servicio en el estado.

Aunque el viernes pasado el Ejecutivo remitió el documento al Congreso, hasta el miércoles se anunciará de manera formal su ingreso y se remitirá a la Comisión de Transporte para su análisis y aprobación, para posteriormente presentar el dictamen ante el pleno.

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