El Juez Tercero de Distrito en Materia de Juicio de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales sobreseyó el juicio de amparo 553/2017, iniciado por el ex alcalde de Puebla Eduardo Rivera Pérez, sin embargo sigue firme un segundo proceso legal que emprendió en contra de su inhabilitación por 12 años y una multa por 25.5 millones de pesos.

La determinación que tomó el juez federal se refiere a la queja que Rivera Pérez promovió en marzo pasado por el incumplimiento de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de informarle, en un plazo no mayor a 30 días, si había solventado o no las observaciones hechas a su cuenta pública de 2013 y que derivaron en un inicio de procedimiento administrativo en su contra.

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Las sanciones para Rivera Pérez fueron validadas por el pleno del Congreso en diciembre de 2015, y fue tras la presentación del primer juicio de amparo -el 553/2017-, que por mayoría de votos los legisladores lo inhabilitaron y multaron.

Fue entonces que Rivera Pérez presentó un segundo juicio de amparo (943/2015), el cual va contra el dictamen de inhabilitación por 12 años y la multa económica de 25.5 millones de pesos.

Como consecuencia de este proceso, el juez federal concedió a Rivera Pérez una medida cautelar, la cual consiste en que su nombre no será inscrito en el Registro Nacional y Estatal de Servidores Públicos Sancionados.

Con esta medida, se dejan a salvo los derechos políticos del panista, y abrió la puerta para que pueda participar en el proceso electoral del próximo año.

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El último acuerdo que tomó el Juez Tercero de Distrito en Materia de Juicio de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y Juicios Federales, se dio a conocer el 10 de agosto, en el cual se suspendió de forma temporal el juicio del panista ante una queja presentada por la ASE.

Previo a la suspensión del juicio, la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) notificó al panista que ejecutaría el embargo de sus bienes para cubrir la sanción económica impuesta por el Congreso del Estado, pero Rivera Pérez anunció que su equipo jurídico iniciaría una estrategia legal para frenar el decomiso.