Fernando Manzanilla Prieto y Felipe Calderón Hinojosa condenaron el embargo que la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) pretende ejecutar en contra de Eduardo Rivera Pérez, exalcalde de Puebla, derivado de una multa de 25.5 millones de pesos aprobada por el Congreso del Estado.

A través de sus cuentas de Twitter,  los políticos criticaron la presión que se ejerce en contra de Rivera Pérez, quien acusó que la medida tomada por la dependencia estatal es “ilegal” y representa un “acto de presión”.

Para Manzanilla Prieto, exsecretario general de Gobierno y cuñado del propio Rafael Moreno Valle, aseguró que la actitud hacia Rivera Pérez demuestra que la “peligrosidad” del exmandatario.

“Este tipo de actitudes lo único que demuestra es @RafaMorenoValle SI (sic) es un peligro para México. Abrazo y solidaridad querido Lalo” escribió el empresario en su cuenta de la red social.

Este tipo de actitudes lo único que demuestran es que @RafaMorenoValle SI es un peligro para México. Abrazo y solidaridad querido Lalo.

— Fernando Manzanilla (@fer_manzanilla) 13 de julio de 2017

Por su parte, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa consideró “inadmisible el exceso” hacia el panista y pidió un “alto” a la persecución que existe en contra de los militantes de Acción Nacional.

Es inadmisible el exceso en contra de @eduardorivera01 . Debe ponerse un alto contundente a la persecución de militantes del PAN https://t.co/gbAt7ChOXh

— Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 13 de julio de 2017

El embargo en contra de Rivera Pérez se da en medio del proceso que lleva a cabo el Juez Tercero de Distrito, quien está por dictar sentencia en el juicio de amparo 553/2017.

El exalcalde capitalino inició ese proceso legal en marzo, al inconformarse por los plazos en los que el Congreso y Auditoría Superior del Estado (ASE) le respondieron sobre el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) por su cuenta pública 2013.

Además, Rivera Pérez promovió otro juicio de amparo 943/2017, el cual ya tuvo como resolutivo que la inhabilitación por 12 años que el Congreso del Estado aprobó en su contra, no se inscriba en el Registro Estatal y Nacional de Servidores Públicos Sancionados.

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