Ediles sostuvieron que desconocen el destino de las inversiones para obra pública dirigida a población indígena durante 2011, que el gobierno del estado de Puebla no pudo comprobar y por lo que ya fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR).

En mayo pasado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) notificó que la administración estatal no justificó el uso de 122.3 millones de pesos que le fueron entregados en el primer año de la gestión de Rafael Moreno Valle, dentro del subsidio del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.

Los recursos fueron destinados para realizar obras de alcantarillado, agua potable, caminos indígenas y carreteras alimentadoras en localidades indígenas de alta y muy alta marginación en 20 municipios de la entidad.

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Ediles desconocen ejecución de proyectos

En entrevista con e-consulta, el alcalde de Juan Galindo, Luis Gerardo Martínez Gómez, refirió que aunque sabe de “algún pendiente” de obras de ese año, no cuenta con información certera sobre la ubicación del proyecto o el estatus que tiene.

En tanto, el edil de Zoquitlán, Fermín González León, aseguró que carece de informes de obras pendientes que se hayan realizado en 2011, o datos de los lugares en donde se ejecutaron los proyectos que no se pudieron comprobar.

Por su parte, la presidenta municipal de Coyomeapan, Araceli Celestino Rosas, prefirió no tocar el tema e indicó que se encontraba en una reunión.

De acuerdo con lo expuesto por la ASF, la denuncia se derivó del incumplimiento a las observaciones de la auditoría 1096, correspondiente a la cuenta pública de 2011, en los recursos del Subsidio Federal del Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas.

La revisión se realizó en partidas que sumaron 143 millones 690 mil 300 pesos y que representaron el 59.3 por ciento de los 242.1 millones que el estado recibió en total para ese rubro hace seis años.

En su reporte, el órgano fiscalizador indicó que no fueron justificados cambios a los contratos de obra públicafirmados en proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, caminos rurales y carreteras alimentadoras en 20 municipios.

Además de que se entregaron anticipos a las empresas constructoras sin que estos fueran justificados.

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