El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua (FPDTA) informó que el Juzgado Primero de Distrito con sede en Tlaxcala negó el amparo a los defensores comunitarios integrantes del Frente de Pueblos, Adela Villalba Ramos, Eusebio Aguilar Torres, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís argumentando que el juez de la orden valoró adecuadamente las pruebas contra los defensores de derechos humanos que son considerados en el proceso penal federal 19/2014 como pandilleros.

Los afectados tienen plazo, según el artículo 92 de la Ley de Amparo, para que se resuelva el Recurso de Revisión en menos de 90 días hábiles. De  no concederse el amparo, quedarán en  estado de indefensión ante la arbitrariedad de las autoridades que persiguen a los defensores de derechos humanos como pandilleros y delincuentes por oponerse a la falta de consulta del Proyecto Integral Morelos, señaló el FPDTA.

La organización expresó  también que el Tribunal Colegiado de Tlaxcala no ha sido la instancia que ha mostrado celeridad e independencia al resolver estos casos, pues en sus manos estuvo un Incidente de Acumulación de los amparosde  Adela Villalba Ramos, Eusebio Aguilar Torres, Alejandro Torres Chocolatl y Juan Carlos Flores Solís el cual tardo en resolver 18 meses, que fue el principal hecho que mantuvo suspendida la resolución del amparo.

El FPDTA destacó que después de la sentencia de amparo dictada el 7 de abril de 2017 en el expediente 402/2015 donde se concede a los pueblos de Atlixco el amparo para efecto de ser consultados como pueblos indígenas sobre la construcción y funcionamiento del Gasoducto Morelos, “es evidente que no existen las condiciones para dicha consulta, pues ya no se lleva acabo de manera previa a la construcción de la obra, ni tampoco se da en condiciones de libertad pues se sigue persiguiendo a los defensores de derechos humanos que denuncian y se defienden contra las arbitrariedades de este proyecto, así como tampoco es informada, pues hasta la fecha las comunidades en zona de riesgo volcánico no cuentan con información sobre las medidas de seguridad y contingenciaque deben seguir en caso de alerta volcánica ya que el paso del gasoducto bloquea las rutas de evacuación del Volcán Popocatépetl”.

Algunos de los delitos de que se acusa a los defensores, también autoridades civiles y ejidales de San Lucas Tulcingo, son: motín, extorsión, daño a obra hidráulica y despojo; robo agravado con violencia de dos teléfonos celulares y obstrucción de obra pública; privación ilegal de la libertad con agravante de violencia, contra servidor público y pandillerismo