La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que es fundamental que todo el aparato Estatal y, sobre todo, las instituciones que tienen una misión constitucional con la protección de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, levanten la voz, hagan visible el problema y tomen las medidas necesarias para erradicar la exclusión política que enfrentan sus habitantes.

Al inaugurar los trabajos del Seminario Internacional sobre la Defensa de los Derechos Político-Electorales Indígenas, la magistrada Otálora Malassis subrayó que, para contribuir a la erradicación de esos males sociales, políticos e incluso jurídicos, resulta indispensable que los Estados democráticos generen estructuras institucionales fuertes y las condiciones necesarias para que todas las personas gocen del derecho pleno y efectivo a la participación política.

“La exclusión política de los pueblos y comunidades indígenas es algo que las sociedades democráticas no pueden permitirse, va en contra de uno de los valores democráticos esenciales que es la participación. Sin la participación en la toma de las decisiones que interesan a la ciudadanía no es posible hablar de democracia”, puntualizó la Magistrada Presidenta de la Sala Superior.

Otálora Malassis refirió que México, al igual que otros países americanos, es una nación pluricultural, ya que más de una quinta parte de la población se auto adscribe indígena y de estos, el 70% vive en condiciones de pobreza y marginación, hecho que es totalmente intolerable en una democracia.

Ante la presencia de la magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso, y de la titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, Marina Martha López Santiago, la magistrada Otálora Malassis destacó que el TEPJF trabaja para cumplir con esa misión y prueba de ello lo es la creación, hace poco más de un año, de esta Defensoría.

“Este Seminario Internacional que hoy se organiza para escuchar a voces expertas y hacer un ejercicio de análisis”, continuó la Magistrada Presidenta, “es otra muestra de ese compromiso con las comunidades y pueblos indígenas. Un tribunal abierto, al que aspira el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, requiere de estos espacios de escrutinio público, de estos foros de análisis, de debate, de generación de conciencia e ideas”.

La secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, señaló que las autoridades de la capital del país están convencidas de que, al incorporar un apartado específico en materia de derechos indígenas en la Constitución local, habrá importantes repercusiones a nivel nacional, porque de lo que se trata es de revertir 500 años de desigualdad social.

Al participar en la inauguración del Seminario, dijo que aún queda pendiente el desarrollo del plan de implementación de su Carta Magna, que incluye la elaboración de la legislación secundaria, reforzamiento de las instituciones, definición del presupuesto transversal y suficiente para la implementación de los programas sociales, además de elaboración del anteproyecto de ley de los derechos de los pueblos indígenas y barrios originarios, el cual debe señalar las directrices para poner un alto a la discriminación, los despojos y la falta de atención por parte de las instituciones.

“Nuestro objetivo como gobierno, es garantizar, promover, proteger y respetar los derechos de las personas y comunidades indígenas; asegurar su participación en la toma de decisiones públicas, y contribuir a su inclusión política, social, cultural y económica”, aseguró.

La subsecretaria Especializada en la Atención a Pueblos Indígenas del Gobierno del Estado de Puebla, Socorro Figueroa Andrade, comentó que en esta entidad se está trabajando para defender los derechos de los indígenas, incluyendo su adecuada difusión, así como el acercamiento de las políticas públicas y los programas del gobierno del Estado y de la Federación a las comunidades a las que están dirigidas.

De la misma manera, señaló que en Puebla nunca más un indígena será juzgado en una lengua que no entienda, jamás será juzgado por algo de lo que no sepa el motivo ni por qué está ahí, porque “en Puebla tendremos en el mes de octubre la cobertura universal de intérpretes en materia de justicia, donde estamos considerando las siete lenguas de nuestras siete etnias, así como sus 26 variantes a lo largo y ancho de nuestro estado”.

Durante los trabajos del Seminario Internacional se presentará el Protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, así como el Manual sobre los derechos los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas.