El presidente municipal de Olintla, Abdí Ramírez ha amenazado con cárcel a los campesinos totonacos que se oponen a la instalación de una red de alcantarillado instalada por la empresa Gromac, de Pachuca, obra que no ha sido revelada en su totalidad y no cuenta con los permisos correspondientes.

El edil reconoció ante la población que a pesar de que el proyecto hídrico no cuenta con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) ni autorización de Semarnat, el ayuntamiento emitió los permisos el pasado 13 de julio para que una máquina buldozer abriera una brecha en los terrenos de cultivo, sin aviso previo ni la aprobación de los dueños de los predios.

En una asamblea pública con los pobladores que reclamaron daños a sus cultivos de maíz y cafetales,  el edil Abdí Ramírez y el regidor de gobernación Pedro Santiago, intentaron intimidar al auditorio y a Reynaldo Muñoz, uno de los afectados, le amenazaron con hacer efectivos antecedentes penales y le advirtieron que podría tener consecuencias si “continuaba de mártir”.

Ambos funcionarios descalificaron los argumentos de la población que reclamaba la violación al derecho a la información, al consentimiento libre e informado, así como por los daños en propiedad ajena cometidos por la empresa y lamaron a los inconformes opositores al progreso y la civilización.

Escuetamente informaron que el proyecto hídrico pretende llevar agua para otras comunidades desde los manantiales que abastecen de agua a la población de Bibiano Hernandez, conocida en totonaco como “ Kgampis”, sin embargo no explicaron la presencia de empresas ajenas al estado ni transparentaron el proyecto ejecutivo.

“En la reunión le exigimos información y la necesidad de contar con estudios que sustenten que el agua de los manantiales es suficiente para abastecer también a otras comunidades, sin afectar a la población que actualmente aprovecha el agua, y le expresamos que por años hemos cuidado y conservado dichos manantiales pues el lugar donde se encuentran es para nosotros un lugar sagrado, por lo que nos preocupa que pueda dañarse y disminuir o contaminar el agua para nuestra comunidad. El presidente y el regidor aseguran que nos oponemos al progreso del municipio”, explicó a este medio Miguel Sánchez.

Este día pobladores de Olintla e integrantes de la organización Makxtum Kgalhaw Chuchutsipi emitieron un comunicado en el que exigen al presidente municipal Abdí Ramírez y al gobierno estatal cumplan con su obligación de garantizar los derechos fundamentales de información, revelen la obra con detalles y los hicieron responsables de la integridad física y psicológica de  Reynaldo Muñoz y de todos los integrantes de la organización o pobladores que han manifestado su rechazo a este proyecto que no ha sido transparentado.

Además manifestaron que no existe una orden de aprehensión pero temen que se arme el expediente y se acuse de un delito o crimen que no ha ocurrido.

Ya estamos hartos de que violen derechos indígenas

El pasado 13 de julio, campesinos de las comunidades de Bibiano Hernández, El Crucero, Chilocoyo y Chipahuatlán detuvieron la maquinaria y los trabajos de la empresa Gromac, de Pachuca, Hidalgo, pero éstos presentaron a la comunidad la autorización del ayuntamiento del municipio.

“Estamos cansados de que las autoridades tomen decisiones sin tomar en cuenta a la población, sin que informen de dónde vienen los recursos y cómo se gastan.

“Ya hemos tenido experiencias muy malas en el pasado como cuando se construyeron en el municipio 3 cajas de agua supuestamente para ampliar el servicio de agua potable del que carecen muchos habitantes de Olintla y las cuales nunca funcionaron, pero sí significaron un gasto irresponsable de recursos en un municipio con los mayores índices de marginación en el estado”, explica el posicionamiento de los vecinos.

Pobladores de Olintla también exigen a autoridades municipales se transparente el proyecto y que se realicen los estudios hídrico y de impacto ambiental necesarios a fin de asegurar que no tendrá consecuencias negativas para la población y que se reparen los daños causados a terrenos cuyos cultivos fueron destruidos por la empresa Gromac.

“No nos oponemos a que se realicen obras para el bien común, nos oponemos a que las autoridades violen nuestros derechos e impongan proyectos que afectan nuestra vida sin tomar en cuenta nuestra decisión”, acota el comunicado.