La Red Mexicana de Franquicias (RMF) consideró que para entender la delincuencia que se vive en Puebla hay que explorar causas más profundas, y no sólo atribuírselo a la actuación de los elementos de la policía.

Francisco Lobato Galindo, asesor de la agrupación, apuntó que el crimen está desatado en toda la geografía estatal, debido a que se reemplazó el servicio de emergencia 066 por el 911, pero sin contar con la infraestructura adecuada, situación que ha provocado enormes retrasos en la recepción de llamadas de auxilio.

Asimismo, dijo, la transición al nuevo sistema de justicia penal sin tener el personal y la capacitación adecuada, ha ocasionado que una gran cantidad de delincuentes que fueron detenidos hayan podido recuperar su libertad, y con esto, al saber que la posibilidad de que los vuelvan a encerrar es mínima, sigan delinquiendo.

“La policía junto con la sociedad atrapa a los delincuentes y los entrega, pero ante la falta de recursos e incapacidad, el ministerio público no puede demostrar la culpabilidad de las personas o el riesgo que representan, y por lo tanto el juez tiene que decretar que enfrenten su proceso en libertad. Al no haber un sistema de seguimiento, salen y vuelven a robar, pues es la forma en la que viven”, comentó.

En este sentido, el empresario exhortó al gobierno del estado a reemplazar su estrategia de seguridad e implementar una que esté basada en los siguientes tres frentes que son: corregir las deficiencias que tiene el número 911, luego mejorar las condiciones salariales y profesionales de los elementos de la policía; y después duplicar o triplicar la instalación de ministerios públicos para impulsar la recepción de quejas.

“Necesitamos que se reestructure la forma en la que se reciben las denuncias de los ciudadanos. Nosotros nos pronunciamos, porque un agente del ministerio público labore como cualquier trabajador, 8 horas al día, además que se le ponga dinero, mucho dinero, al sistema de recepción de denuncias”, añadió.

Precisó que existe un rezago de 25 años en materia de infraestructura en ministerios públicos, lo que ha originado que una denuncia se reciba, en promedio, en un lapso de 12 horas, hecho que atenta contra los poblanos.