Ollin Amaro, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), junto con once jóvenes más, fue detenido por la Policía Federal y estatal en la caseta que está a la entrada de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, desde temprana hora del día de hoy y se desconoce su paradero.

El FNLS emitió una alerta por el arresto arbitrario de Roberto Mendoza, Adriana Flores, Ollin Amaro, Angelina López Gómez, Leticia Gómez López, Hermelindo López Gómez, David Francisco García Mota, Sergio Mar Pérez Santiago, Gumersindo Bustos( de Michoacán), Jacob Hernández, Manuel Gómez, Sergio Rodríguez, Mercedes Pérez Pérez, integrantes del FNLS,  y Francisco Hernández, del Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y Sierra Oriental (CODHHSO).

En un comunicado la organización exigió la libertad inmediata e incondicional de sus integrantes aduciendo que la actividad política de denuncia que realizaban en el estado sureño no es un delito, es un derecho.

El FNLS describió que a las 8:00 de la mañana los integrantes del FNLS realizaban un volanteo informativo en la caseta Chiapa de Corzo - Tuxtla, Chiapas. Al  lugar llegaron varias patrullas del Mando Único y sin mediar palabra les arrojaron gases lacrimógenos, los golpearon, amenazaron y arrestaron de manera arbitraria.

El FNLS explicó que este acto de represión se da en el marco de los trabajos que realiza el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), para  la exhumación del cadáver del menor Humberto Morales Sántiz, ejecutado extrajudicialmente el pasado 28 de febrero en el ejido de Carrizal, Ocosingo, Chiapas.

“La respuesta del gobierno federal y estatal es la represión contra nuestra organización; no conformes con los crímenes de Estado que comete contra nuestros compañeros, reprime y detiene arbitrariamente por protestar”, señalan.

“La protesta es un derecho del pueblo, establecido en tratado internacionales que México firmó y ratificó, además de estar reconocido en nuestra Carta Magna en su artículo 1º. Con estos hechos represivos nos queda claro que el respeto de los derechos humanos para el gobierno federal y estatal de Chiapas son los golpes, la represión y las graves violaciones a los derechos humanos”, detalla el posicionamiento.

Agrega que denunciar los crímenes de Estado no es un delito, es un derecho que tienen los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado y las organizaciones populares. Este derecho no está sujeto a negociación, por lo tanto, reprimir y detener a luchadores sociales de manera arbitraria es violar derechos y libertades políticas de pueblo.

“Como organización-subraya el comunicado-  somos víctima de esta política represiva. El 29 de septiembre del año 2015 asesinan  a nuestro compañero Héctor Sántiz López, el 7 de noviembre intentan ejecutar de manera extrajudicial a cinco compañeros en la Ciudad de México, el 5 de marzo de 2016 detienen y desaparecen a nuestro compañero Fidencio Gómez Sántiz, el 28 de febrero pasado ejecutan de manera extrajudicial a nuestro compañero Humberto Morales Sántiz y las más recientes detenciones arbitrarias de nuestros integrantes”

Finalmente responsabilizaron al gobierno federal de Enrique Peña Nieto, al gobierno estatal de Manuel Velasco Coello y al Mando único de la integridad física y psicológica de los detenidos.