Tras la puesta en marcha del Sistema de Justicia Penal (SJP) en junio de 2016, la tasa de homicidios dolosos, robo común y violaciónpor cada 100 mil habitantes en Puebla aumentó, según un informe  de la agrupación ciudadana Alto al Secuestro.

En su reporte, la Organización No Gubernamental que dirige Isabel Miranda, acusó que existen deficiencias en el nuevo modelo de impartición de justicia, pues según las estadísticas que presentó, dos de cada mil asuntos atendidos concluyen con un juicio oral, y uno de dos casos tienen una sentencia absolutoria.

La agrupación realizó un comparativo de la tasa de incidencia de delitos de alto impacto por cada 100 mil habitantes con las que cuenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) registrada entre junio de 2015, mayo de 2016 y el mismo periodo de 2017.

El análisis indicó que a nivel nacional existe un aumento en los casos de homicidio doloso, secuestro, extorsión, robos con violencia, violaciones y otros delitos sexuales.

Identifican aumento en Puebla

En Puebla, Alto al Secuestro reportó un aumento en la tasa de homicidios dolosos cometidos por cada 100 mil habitantes, pues esta pasó de 9.23 a 10.37. En total 27 estados mostraron un incremento y el aumento a nivel nacional fue de 14.56 a 18.46.

Otro crecimiento se registró en los robos comunes que se cometieron con violencia en el lapso de referencia, ya que la tasa pasó de 152.33 a 166.71. En el país 21 entidades mostraron una tendencia a la alza, mientras que el promedio fue de 133.03 a 155.57 casos por cada 100 mil personas.

Lo mismo ocurrió con el delito de violación, ya que la tasa de casos denunciados pasó de 9.5 a 10.47, aunque no ocurrió lo mismo con otros delitos sexuales, pues la incidencia disminuyó de 22.32 a 19.28 casos.

En contraste, la tasa de secuestros bajó de 0.57 a 0.44; la de lesiones dolosas de 104.20 a 39.28; y la de extorsión de 3.82 a 1.35 denuncias.

Fallan percepción de impunidad y debilidad institucional

Entre las fallas que la agrupación destacó se encuentran que hay una percepción de impunidad entre la ciudadanía, pues se piensa que el nuevo modelo protege a delincuentes.

Por otra parte acusó que el SJP está desvinculado de políticas criminales y muestra una debilidad institucional que usualmente perjudica a la víctima de algún ilícito, lo que permite la repetición de conductas infractoras.

Otra falla señalada tiene que ver con que los jueces hacen la labor de abogado defensor del acusado, pues califican de ilegal o legal su detención, así, uno de cada tres detenidos queda en libertad.

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