Integrantes del movimiento #PueblaGritaBasta, acompañados por la diputada local del PRD, Socorro Quezada Tiempo y la integrante del CEN del Sol Azteca, Roxana Luna Porquillo, presentaron un decálogo de propuestas a implementarse en el estado para reforzar la seguridad ante los índices delictivos y de violencia que reporta la entidad.

En las inmediaciones de Casa Aguayo se concentraron decenas de personas para exigir al gobernador Antonio Gali Fayad y al secretario de Seguridad Pública (SSP), Jesús Morales Rodríguez medidas urgentes para prevenir, disminuir y erradicar la inseguridad.

Luna Porquillo consideró que han sido insuficientes las medidas de seguridad que el gobierno del estado ha implementado en favor de los ciudadanos, por ejemplo, la incorporación de canes para vigilar las unidades del transporte público.

“Ustedes creen que son suficientes 20 perros para que los cuiden -preguntó-. Lo que han hecho es mentirnos diciéndonos que quieren resolver la inseguridad, pero cada día vemos más cámaras de fotomultas y no vemos cámaras que vigilen la seguridad de los poblanos”, pronunció.

Por su parte, la legisladora Socorro Quezada enfatizó que no quitará el dedo del renglón para exigir, desde la tribuna legislativa, que las autoridades atiendan la inseguridad en Puebla.

“Lamentablemente al Congreso del Estado le importa más otro tipo de asuntos como es la basura de Tehuacán, y no la ola de violencia que se está viviendo en el estado y en ese sentido, tengan la seguridad que desde el Congreso estaré vigilando que se tomen en cuenta las demandas ciudadanas”, advirtió.

El decálogo

En el decálogo al que dieron lectura los jóvenes que integran dicho movimiento, exigen al mandatario poblano dar a conocer el Plan Estatal de Desarrollo en materia de Seguridad Pública, una revisión al funcionamiento de los Arcos de Seguridad, y la implementación de un mando coordinado interinstitucional para mejorar la colaboración entre los distintos órdenes de gobierno.

También proponen la ampliación de los patrullajes y horarios de trabajo de los policías estatales, así como la exigencia a que rindan un informe de sus actividades y funciones en el transcurso de su patrullaje, y el monitoreo de las unidades de patrullaje a través de un sistema GPS para garantizar el ejercicio de sus funciones.

Exigen la inclusión de académicos, expertos y la población en general para la discusión de un programa integral que permita hacer frente a la inseguridad, la generación de campañas para promover la denuncia y programas para impulsar la creación de empleos bien remunerados que alejen a la ciudadanía de incurrir en prácticas ilícitas.

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