Activistas expusieron ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la presunta ejecución extrajudicial de un civil a manos del Ejército en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, en Puebla, como una muestra de la violación a los derechos humanos en la que incurren las fuerzas armadas, al tiempo de reclamar que este caso permanece impune.

El asunto fue presentado ante Agnes Callamard, quien es relatora especial de la ONU sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias y Arbitrarias, durante la sesión del Consejo de Derechos Humanos que se efectuó este martes en la ciudad de Ginebra, Suiza.

El tres de mayo pasado, elementos de la milicia se enfrentaron con presuntos ladrones de combustible en la junta auxiliar de Palmarito Tochapan, perteneciente al municipio poblano de Quecholac, hecho del que resultaron muertos cuatro soldados y seis civiles.

Días después circularon videos en redes sociales que muestran a un hombre vestido con el uniforme del Ejército apuntando con un arma a un presunto delincuente que ya se encontraba sometido en el piso, lo que se interpretó como una ejecución extrajudicial.

Caso “Palmarito” aún está impune

Durante el consejo, integrantes de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, señalaron que el país padece de “altos niveles de impunidad” que reflejan una falta de voluntad política y capacidad institucional para investigar y procesar a los responsables de ejecuciones extrajudiciales.

Como ejemplo, mencionaron el caso de Tlatlaya, en el Estado de México, en donde fueron ejecutadas 22 personas por el Ejército; las ejecuciones extrajudiciales de Jorge Parral y Jethro Ramses, cometidas en 2010 y 2011 y cuyos padres aún reclaman que el caso se esclarezca, así como el caso de Palmarito, pues indicaron que éste permanece impune a más de un mes de ocurrido.

Explicaron que esos casos demuestran el uso indebido de la fuerza, ejecuciones arbitrarias de civiles rendidos o indefensos, alteración de evidencias y ocultamiento de pruebas, así como una estrategia mediática para distorsionar los hechos y criminalizar a las víctimas.

Los activistas subrayaron que existe preocupación por la posible aprobación de una Ley de Seguridad de Interior en México, pues con ello se permitiría a la milicia realizar tareas que actualmente están a cargo de la policía y tener facultades ministeriales y judiciales.

“Señor presidente, señora relatora, aprovechamos la ocasión para expresar la preocupación de un amplio número de organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia mexicanas quienes tememos por la aprobación de una Ley de Seguridad Interior en México. Dicha Ley, tiene como propósito facultar a las Fuerzas Armadas del país en tareas de seguridad pública e incluso pretende que las mismas puedan llegar a suplantar las tareas de la policía”, expresaron.

Recordaron que desde que en 2006 se declaró la “Guerra contra el narcotráfico” y se desplegó en el territorio nacional la presencia militar,han desaparecido más de 30 mil personas, se han cometido más de 150 mil asesinatos, se han torturado a más de 8 mil personas y más de 300 mil personas han sido forzadas a desplazarse por causa de la violencia.

“Solicitamos su apoyo y cooperación para detener la aprobación de Ley de Seguridad interior en México y para establecer el Consejo Asesor contra la impunidad recomendado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, finalizaron.

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