Enrique Cárdenas Sánchez, director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), afirmó que no tiene ningún “conflicto personal” con el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas pero insistió en que el esquema de “deuda oculta” a través de los Proyectos de Inversión  (Proyectos de Prestación de Servicios, para el caso de Puebla) contratados por su administración es anticonstitucional.

Entrevistado en el programa Imagen Empresarial, que conduce Rodrigo Pacheco, el también exrector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap) confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraiga los amparos presentados contra los PI de Moreno Valle, por la carga que representan para los ciudadanos.

No es un tema exclusivo de Puebla

En la charla con el comunicador que se transmitió a nivel nacional, Enrique Cárdenas reiteró que esta es una problemática que no es exclusiva de Puebla, sino de otros estados como Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas.

“No hay nada personal en contra del ex gobernador de Puebla. Vemos que el endeudamiento es mayor a los 33 mil millones de pesos. Se sigue diciendo que no es endeudamiento pero sí son obligaciones que se tienen que pagar”.

Agregó que tampoco se trata de un tema con dedicatoria, ni con una intención partidista.

Recordó que el pasado 12 de mayo sostuvo una plática con Diódoro Carrasco Altamirano, secretario General de Gobierno, en la que le pidió que dejara de hablar de la deuda de Puebla“para no meterse en problemas”.

“(El secretario de gobierno me pidió) que no me metiera en esos temas en los próximos meses. Tuve esa carta de réplica de Diódoro Carrasco. Escribí en esa contrarréplica algunos puntos de la conversación, narro con claridad cómo fueron dándose”, expuso.

Los fideicomisos no tienen escrutinio público

El académico explicó la manera en la que operan los proyectos de inversión en diferentes estados a través de la creación de fideicomisos.

“Se hacen proyectos que se establecen en un fideicomiso. Éste recibe los fondos del ISN y de ahí se gastan en estos proyectos. No pasan por el Congreso, no hay escrutinio público. No hay manera de saber cuáles fueron las condiciones de contratación, las tasas de interés”.

Recordó que muchos gobiernos estatales se inconforman contra estos esquemas de deuda oculta, sin embargo no hacen nada por cambiar las leyes que los propiciaron.

“Para los gobernadores es un esquema muy cómodo. No los obligan a hacer licitaciones, no hay revisiones”, explicó.

Confía Cárdenas en actuación de la Corte

Al resultar anticonstitucional esa práctica, Enrique Cárdenas confió que los amparos promovidos contra los PI sean aceptados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Es importante que la Corte lo atraiga. Hay amparos porque no hay incentivos en ningún lado para detener esa situación, ojalá lo revise a fondo”.