El abogado de Ana Teresa Aranda Orozco, excandidata independiente, adelantó que continuará con el proceso legal que emprendió  en contra de los funcionarios del Instituto Electoral del Estado (IEE) por la alteración de la información que entregaron al organismo.

En respuesta a estas afirmaciones, el  Instituto Estatal Electoral emitió un comunicado en el que expresa que no hubo tal alteración de cédulas de apoyo ciudadano y que “el procedimiento respectivo de recepción, captura y verificación de cédulas fue en todo momento abierto y de total acceso a los interesados, hasta el momento que ellos lo determinaron. De ello existen múltiplesconstancias e incluso material grabado en video”.

La manipulación y falsificación de material electoral por parte de Jacinto Herrera Serrallonga, consejero presidente del IEE; Dahlel Lara Gómez, secretaria ejecutiva; y Amalia Oswelia Varela Serrano se penalizaría hasta con 12 años cárcel, precisó Víctor León Rueda.

En la rueda de prensa que ofreció junto con Aranda Orozco, el litigante apuntó que por medio de un acuerdo aprobado en la Junta Ejecutiva del IEE, Dahlel Lara Gómez validó cambios al protocolo para la recepción, captura y verificación del apoyo ciudadano.

La modificación -dijo- permitió adulterar los respaldos que Aranda Orozco recopiló para alcanzar el registro como candidata independiente a la gubernatura, y así “sembrar” las cédulas de apoyo con firmas falsificadas de figuras como la exmagistrada María del Carmen Alanis Figueroa; el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, entre otros.

León Rueda explicó que el IEE no dio a conocer a la Fepade el acuerdo tomado por la Junta Ejecutiva, omisión que sirvió para que el viernes pasado el juez federal determinara absolverlo por el delito de falsificación del material electoral.

El IEE, por su parte, precisó que “Al detectar presuntas irregularidades en algunas cédulas, el Consejo General del IEE, sin denunciar a ningún actor en específico, acordó, tal y como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, dar vista a la autoridad competente, en este caso, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), organismo de la Procuraduría General de la República responsable de atender en forma institucional, especializada y profesional, lo relativo a los delitos electorales federales.

Añadió que “Es importante aclarar que al no ser parte de la investigación, esta autoridad electoral no ha sido notificada de ninguna decisión judicial, ni tampoco tiene conocimiento de una posible indagación en su contra”

Desde la Fiscalía se prepara nueva persecución

Luego del fallo que lo exculpó de manipular el materia electoral, León Rueda advirtió que desde la Fiscalía General del Estado se prepara una nueva estrategia para intimidarlo.

El asesor del movimiento de candidatos independientes a nivel nacional, precisó que desde el viernes pasado, Víctor Carrancá Bourget, titular de la FGE, ordenó revisar si tiene procesos penales pendientes.

Detalló que a la exigencia es para que los agentes del Ministierio Público, del viejo y nuevo sistema judicial, reporten si tiene demandas que aún no concluyen.

Afirmó que la actuación de las autoridades judiciales es preocupante, ya que comprueba que las instituciones jurídicas del estado se usan para perseguir a opositores y no para combatir los problemas de inseguridad.

Con información de María Pineda