A pesar de que en abril el Juez Tercero de Distrito ordenó a Congreso del Estado remitir la documentación sobre el Inicio del Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) en contra de Eduardo Rivera Pérez, el equipo jurídico del legislativo entregó información que no tiene relación con los actos impugnados por el exalcalde de Puebla.

Así lo refirió Homero Ancheita del Río, director general jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE), responsable de la defensa del poder legislativo en el juicio de amparo 553/21017 que Rivera Pérez promovió por el incumplimiento del  Congreso y el organismo fiscalizador  para responderle, en enero pasado,  si solventó o no las observaciones hechas a su cuenta pública 2013 y que derivaron del proceso administrativo en su contra.

“Los documentos que integran los 108 legajos contenidos en la 6 (sic) cajas que remití en el diverso oficio de 2 de mayo de 2017; corresponden a una parte del Procedimiento de Fiscalización.; sin embargo, no guardan relación con los actos impugnados hasta este momento por el quejoso”, señaló el representante legal de la ASE y la LIV Legislatura.

Por la falta del Director General Jurídico de la ASE, el juez determinó “devolver a la autoridad oficiante, las seis cajas que remitió mediante el oficio sin número recibido ante este órgano de control constitucional”.

Ésta no es la primera ocasión que el Congreso del Estado incumple con las disposiciones del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales.

La primera falta se dio cuando el 24 de abril envió el informe solicitado por el juez para llevar a cabo la audiencia –citada para el 25 del mismo mes- entre el exalcalde de Puebla y el Congreso del Estado.

La demora en la entrega de la documentación y la falta de tiempo para analizar el expediente, obligó al juez a posponer la audiencia entre ambas partes, la cual se realizará el próximo miércoles 24 de mayo.

Posterior a esta omisión, el Congreso del Estado envió seis cajas de las copias certificadas del Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) requeridas por el juez, sin embargo solicitó una prórroga de 20 días para remitir 90 cajas más, petición que se le negó.

La defensa legal que Rivera Pérez inició obedece a la aprobación del procedimiento administrativo en su contra, y el retraso para que, en un plazo no mayor a 30 días como lo señala la Ley de Fiscalización, la ASE le informara si solventó las observaciones hechas al ejercicio fiscal 2013.

A la par que se daba el proceso legal interpuesto por el panista, el Congreso del Estado aprobó -por mayoría de votos- inhabilitar al exalcalde de Puebla por 12 años y  multarlo con 25.5 millones de pesos.

El 7 de abril, día en que fue inhabilitado, Rivera Pérez, actual delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en el Estado de México, acusó que la persecución en su contra demuestra el uso que el exgobernador Rafael Moreno Valle da a las instituciones.

El exedil capitalino sostuvo que los actos en su contra no quedarán impunes y es claro el “miedo” que el morenovallismo tiene de verlo como candidato en la elección de 2018.

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