Debido a que la incidencia de feminicidios no se reduce, en Puebla sí es necesaria la alerta de género, subrayó María del Rosario Arrambide González, catedrática de la Universidad Iberoamericana de Puebla (UIA).

La experta en temas de violencia de género afirmó que el gobierno del estado no ha cumplido al 100 por ciento con las observaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), entre éstas el bajo nivel de asistencia de integrantes del Poder Judicial a los cursos de capacitación para conocer la nueva reglamentación.  

Es elevado el número de feminicidios

Arrambide González consideró elevado el número de feminicidios en la entidad en lo que va del año, lo que demuestra que los seis meses de aplicación del nuevo marco jurídico no han sido suficientes para reducir la incidencia.

Van entre 23 y 24 feminicidios, es una muestra de que los seis meses de aplicación no son suficientes para disminuir. Para mí, tendría que emitirse la alerta y violencia de género por la cantidad de feminicidios”.

Recomendaciones de Conavim, cumplimiento a medias

En junio de 2016 la Conavim emitió 11 recomendaciones para que fueran acatadas por el gobierno de Puebla.

Al respecto, Arrambide González destacó que no todas las recomendaciones se han cumplido a cabalidad, entre las que destacó la capacitación.

“Fue mínima la participación en el Poder Judicial. Se capacitó a pocos integrantes de organizaciones civiles y no se capacitó a las mujeres víctimas de violencia”.

Manifestó que en materia de aprobación de leyes, el tema del matrimonio igualitario quedó endeble, debido a que se manejó como en “revisión” y no se logró la “modificación”.

Agregó que se elaboró un diagnóstico sobre la violencia, el cual no contempla a todos los tipos de mujeres, sino solo a estudiantes.

“No se abordó la violencia institucional, la violencia comunitaria. Es una deficiencia, hace falta mucha información para que se dé por cumplido el punto”.

Subrayó que se emitieron protocolos de órdenes de aprehensión que son sumamente amplios, por lo que el desafío es bajarlos a la sociedad y a las autoridades encargadas.