Lilia Vélez Iglesias, académica de la Universidad Iberoamericana, plantel Golfo Centro (UIA), urgió al Congreso del Estado para que cuanto antes nombre a los integrantes la Comisión de Selección que se encargará de designar a los miembros del Comité Estatal de Participación Ciudadana, pues recordó que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción establece que esa medida debió aprobarse 40 días después de la entrada en vigor del mandato.

En entrevista vía telefónica, la académica advirtió el riesgo de que el atraso de nombramientos tales como en el Consejo de la Judicatura, provoque que se designe a ciudadanos carentes de legitimidad.

Por separado, Miguel Calderón Chelius, director de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública de la UIA, sostuvo que tanto en la conformación del sistema a nivel federal como en la entidad observa un intento por parte de los gobiernos para mantener el control de los organismos e impedir que trabajen de manera autónoma.

El Congreso no ha convocado a universidades

La Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, que entró en vigor el pasado 28 de diciembre, establece que dentro de los 40 días naturales (después de la entrada en vigor) el Congreso del local deberá designar a los integrantes de la Comisión de Selección, misma que nombrará a los miembros del Comité Estatal de Participación Ciudadana.

Al respecto la también directora del Departamento de Humanidades de la UIA sostuvo que hasta el momento esta institución educativa no ha sido convocada para conformar tal Comisión.

“Tendría que convocar el Congreso del Estado. Es un proceso que ya se hizo a nivel federal (la conformación del Comité de Participación Ciudadana). Se tiene que replicar en los estados”.

Sostuvo que la importancia de la Comisión de Selección es que se encargará de integrar la metodología para elegir a los integrantes del Comité a través de un proceso abierto y transparente.

“Ya urge que se haga, dados los antecedentes que tiene el Congreso para la elección de cargos ciudadanizados. Esta Comisión, que es un trabajo honorario, tendría que emitir la convocatoria y revisar las postulaciones”.

Recordó que la Comisión de Selección deberá integrarse por nueve especialistas en el combate a la corrupción.

En tanto el Comité de Participación Ciudadana estará conformado por un integrante que durará en su encargo un año, a quien corresponderá la representación; otro que durará en su encargo dos años; un tercero que durará en su encargo tres años; uno más que durará en su encargo cuatro años y un quinto que durará en su encargo cinco años.

Si no se cumple con plazos, el riesgo es la ilegitimidad

Vélez Iglesias subrayó que el riesgo de que se aplace la conformación de organismos clave del sistema anticorrupción, como el Consejo de la Judicatura, es que nazcan sin la legitimidad correspondiente.

“El plazo para que el sistema inicie vence el 18 de julio, no están tan atrasados. Tenemos un avance medio. Sin embargo, sí nos preocupa que en un tema que es tan apremiante, que es el combate a la corrupción, haya estos procesos que parece que no hay prisa. El riesgo que es que estos sistemas nazcan sin credibilidad”.

El gobierno intenta controlar los organismos anticorrupción

Miguel Calderón, director de la licenciatura de Ciencia Política y Administración Pública de la UIA, señaló que existe un problema “agudo” tanto en el sistema nacional como en el estado por integrar organismos afines al gobierno.

“Hay intentos de los gobiernos de mantener el control de este tipo de instrumentos para impedir que actúen que trabajen de manera autónoma, con funcionarios a modo”.

Calificó como “espantoso” el proceso para nombrar al fiscal anticorrupción a nivel nacional, mismo que aún no se elige, debido a que algunos de los aspirantes han sido acusados de plagio.

Respecto a los retrasos en la integración de la Comisión de Selección en Puebla afirmó que la lentitud del proceso no es por sí misma una razón para desconfiar del Congreso, sin embargo este en conjunto con otros elementos mina el procedimiento.

“Si hubiera un retraso, pero este reflejara un mejor esfuerzo en la selección de aquellos funcionarios, eso no sería un factor de ilegitimidad. (El riesgo) es que esto sea para meter personajes de dudosa reputación”.

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