El Congreso del Estado podría llevar hasta junio la designación de su representante ante el Consejo de la  Judicatura, mes en el que vencerá el plazo para completar la puesta en marcha del Sistema Estatal Anticorrupción (ASE), refirió Jorge Aguilar Chedraui.

Aunque el líder de la LIX Legislatura reconoció el retraso en el proceso de valoración y designación, apuntó que el arranque del Consejo de la Judicatura puede esperar debido a que hay “razones de peso” para elegir bien al perfil que los representará.

“El plazo fatal para el inicio del Sistema Anticorrupción, razón por la cual fue creado el Consejo de la Judicatura, es junio. No es el objetivo. Lo que estoy diciendo es que el Consejo de la Judicatura parte del paquete anticorrupción, tenemos junio para echarlo en marcha, hemos cumplido con los plazos que hemos establecido”.

En entrevista, Aguilar Chedraui manifestó que al interior de la Junta de Gobierno y Coordinación Política ya se analizan algunas propuestas de las cuales no dio detalles, pero sostuvo que en caso de que se concrete la elección de un postulante será el pleno del Congreso el que aprobará en sesión extraordinaria el nombramiento.

La instalación del Consejo de la Judicatura debió de concretarse el pasado 20 de febrero. En la integración del órgano ligado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) se considera la participación de tres magistrados y la representación del gobierno del Estado y del Congreso.

Tanto el poder ejecutivo como el legislativo incumplieron con el nombramiento de sus representantes, y sólo el TSJ concretó  la designación de sus representantes, el primero de ellos es Roberto Flores Toledano, quien presidirá el Consejo de la Judicatura.

El presidente del TSJ estará acompañado por sus compañeros magistrados José Saúl Gutiérrez Villareal y Héctor Sánchez Sánchez, exsíndico de Ayuntamiento de Puebla y cercano al gobernador Antonio Gali Fayad.

El Consejo de la Judicatura está facultado para nombrar a los jueces de primera instancia, designar y cambiar de adscripción y ratificar a los demás servidores públicos del Poder Judicial, elegir a jueces supernumerarios e itinerantes, así como conocer, investigar tramitar y resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa contra los servidores públicos de dicho poder.

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