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Pese amparo, sigue revisión de ASE a cuenta de Rivera Pérez
La Auditoría Superior del Estado (ASE) no frenó la revisión de la documentación presentada por Eduardo Rivera Pérez, exalcalde de Puebla, quien enfrenta un Inicio de Proceso Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) por la cuenta pública 2013.
Sergio Moreno Valle German, diputado del PAN e integrante de la Comisión Inspectora, aseveró que el amparo presentado por el exmunícipe no pone en pausa los trabajos que la ASE lleva a cabo para determinar si persisten las anomalías en el uso de los recursos públicos
En entrevista, precisó que el recurso legal que Rivera Pérez promovió está fuera de la esfera de la Auditoría Superior del Estado, la cual –dijo- continúa con el análisis de las pruebas con las que el panista esperar solventar las irregularidades por 411 millones de pesos del ejercicio fiscal 2013.
“El análisis de la cuenta pública sigue: son muchos papeles que se están analizando, él mismo lo declaró, que hay muchos papeles en la comprobación de la cuenta pública. Lo que él (Rivera Pérez) debe hacer es que compruebe las observaciones”, señaló.
El panista lamentó que Rivera Pérez judicializara el proceso con la presentación y admisión del juicio de amparo 553/2017/IV por el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil, Administrativa de Trabajo y de Juicios Federales.
El amparo que presentó el exalcalde Puebla (2011-2014) se debe al incumplimiento del Congreso y la ASE para responder, en un plazo máximo de 30 días, si Rivera solventó las observaciones hechas a su cuenta pública.
Además, la autoridad judicial dio un plazo de 15 días al Poder Legislativo y al órgano fiscalizador para responder a la demanda de Rivera Pérez, pero también obliga a los representantes jurídicos del Congreso del Estado a asistir a una audiencia el 25 de abril.
En diciembre de 2016, el pleno del Congreso aprobó por mayoría de votos el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en contra de Rivera Pérez.
El exalcalde de Puebla acusó que la decisión tomada por los representantes legislativos era persecución en su contra ante su posible participación en la elección de 2018.
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