El grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República exhortó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a investigar los actos y operaciones fiscales de Dulce María Silva Hernández, novia de César Yáñez Centeno, vocero del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Ella está recluida en el Cereso de Puebla acusada de fraude, tras recibir los derechos de un predio en la zona de Angelópolis, que está vinculado con el proceso en contra de Edmundo Tiro Moranchel, a quien a su vez denunciaron por defraudar a ahorradores de su empresa Invergroup.

La petición del PRI se produce además luego de que Silva Hernández concluyó la huelga de hambre que comenzó el viernes pasado y a la que precedieron críticas a las pésimas condiciones sanitarias del penal y el condicionamiento de visitas a los reos.

Por esas y otras irregularidades, el director general de los Ceresos, Alejandro Cruz Maya fue destituido, como confirmó este martes el titular de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, Jesús Morales Rodríguez, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, en Radio Fórmula.

Piden que el SAT aplique facultad fiscalizadora

Los senadores del PRI solicitan que las autoridades fiscales apliquen su facultad fiscalizadora sobre las operaciones económicas de Silva Hernández, que supuestamente la vinculan con Edmundo Tiro Moranchel, preso por el supuesto fraude en contra de sus clientes.

En el punto de acuerdo presentado este martes los senadores recuerdan que el 24 de octubre de 2016 el periódico Universal reportó que César Yáñez fue grabado intentando negociar con el secretario técnico de la Fiscalía General del Estado de Puebla, Alejandro Alducín Flores, a fin de que éste interviniera ante el fiscal para lograr la liberación de Silva Hernández.

Se refiere que en dichos audios publicados por el periódico El Universal también se escucha al abogado Carlos Meza Viveros, quien señalaría que su cliente, el senador Manuel Barltett Díaz, pactaría con Diódoro Carraco Altamirano, secretario general de Gobierno, para que investigue el caso de Silva Hernández, a cambio de que se dejara de criticar al ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Advierten tráfico de influencias

Los senadores basan su petición de pesquisas en el artículo 435 del Código Penal del Estado de Puebla, en el que se establece que comete el delito de tráfico de influencias “el servidor público que por sí o por interpósita persona gestione o promueva, aprovechándose de su empleo, cargo o comisión, la tramitación o resolución ilícita de negocios públicos”.

Agregan que el artículo también establece que incurre en dicho delito quien, aprovechándose del empleo, cargo o comisión que desempeñe, haga gestiones para obtener una resolución favorable a sus intereses o los de un tercero.

“En consecuencia, los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, estimamos pertinente que el SAT investigue sobre los actos y operaciones fiscales de Dulce María Silva y que la Fiscalía amplíe sus averiguaciones ante un posible vínculo de César Yáñez Centeno”, señala.

Las denuncias de Silva Hernández

La novia del vocero de Morena, César Yáñez, reveló el pasado fin de semana que en su celda, concebida para 4 personas, están 13 mujeres y hasta hace unos días eran 20.

Acusó que le han propinado golpizas ordenadas “desde arriba”, y el castigo de permanecer sin agua y alimento por más de tres días. Pero aseguró que nada la ha lastimado más que no ver a su pequeña hija de 12 años, a la que sólo le han permitido la visita en 5 ocasiones.

“He sufrido un abuso de poder terrible;  todo el proceso (está) armado. Desde que me detienen y en el sótano de la Fiscalía me desnudan frente a judiciales que toman cantidad de fotografías; los castigos no han cesado, pero no ver a mi hija, me mata”, dijo.

La pareja del vocero de Morena pidió que el gobierno voltee a ver las condiciones en las que viven las mujeres en el penal, donde dijo haber sido testigo de una mujer que dio a luz en los pasillos, ayudada por las presas sin que se le brindara atención médica hasta la mañana siguiente, pero no fue ingresada a ningún hospital.

Denunció que no hay agua potable y que las letrinas son mordidas por roedores. “Hay presas que han sido mordidas pero en el penal no hay ni siquiera una vacuna contra la rabia; es una tortura ir al baño”, denunció.

Narró que en el Cereso de San Miguel las presas cumplen doble o triple condena por ser mujeres; no se les permite vender y los trabajos que tienen son de sobreexplotación, haciendo talavera e hilo.

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