La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó suspender las obras de la Ciudad Modelo, así como las facultades del Organismo Público Descentralizado (OPD) en los municipios de Soltepec y Mazapiltepec, en tanto se resuelven de fondo las controversias constitucionales que ambos presentaron.

El OPD aprobado por el Congreso del estado en enero pasado es un ente que tiene la facultad de autorizar licencias y permisos de construcción, así como operar los servicios públicos en Rafael Lara Grajales, San José Chiapa, Nopalucan, Soltepec y Mazapiltepec.

Los dos últimos consideraron que esto viola las facultades que concede a los municipios el artículo 115 constitucional, por lo que presentaron los recursos, a diferencia de los tres primeros que no se inconformaron.

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En la sesión realizada este miércoles, la magistrada Margarita Luna Ramos concedió la suspensión de cualquier trabajo e impidió al OPD ejercer alguna de las facultades que le confirió el Congreso, a fin de evitar algún “daño irreparable”.

“Con el fin de preservar la materia de juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, procede a conceder la suspensión para que el Organismo Público Descentralizado Ciudad Modelo, se abstenga de ejercer las facultades conferidas” tanto en Soltepec como Mazapiltepec.

La Ciudad Modelo es un proyecto urbano creado en el pasado sexenio para que brinde servicios a la planta automotriz de Audi y a sus trabajadores, y se asienta en el territorio de los cinco municipios señalados.

Las obras creadas hasta ahora para la “urbe” así como para la instalación de la planta de Audi han requerido más de 18 mil millones de pesos aportados por el gobierno estatal.

Cabe señalar que Las controversias constitucionales fueron presentadas por los ayuntamientos de Soltepec (64/2017) y Mazapiltepec(63/2017) en  febrero pasado.

Además de estos recursos, otros ocho ayuntamientos se han inconformado por decretos del Congreso de Puebla, en específico contra la reforma al artículo que garantiza el servicio de agua potable, el cobro de impuestos en la zona de Cholula y por el proceso de destitución de la alcaldesa de Tehuacán.

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