Rafael Ramírez Hernández, regidor del Ayuntamiento de Cuautlancingo, exhortó al Congreso del Estado a legislar nuevamente sobre la reforma al artículo 12 e incluir los conceptos de “ayuntamientos” y “ciudadanos” para terminar con las suspicacias respecto a una supuesta privatización del agua potable.

En entrevista confirmó que hasta el momento el Poder Legislativo no le ha comprobado la existencia de una acta de Cabildo en la que supuestamente los regidores de este municipio aprobaron la legislación, al tiempo de señalar que en otros, como Nealtican, también se argumenta que no se convocó al cuerpo edilicio para aprobar la medida.

La legislación local debe apegarse a la federal

Ramírez Hernández subrayó que aunque se afirma que el artículo 12 de la Constitución local se acopló a la legislación federal, en esta última sí quedó claro que los ayuntamientos están incluidos en la administración del agua potable.

“Tienen que volver a legislar. Exhorto a los señores diputados que dejen en claro quién es el administrador del agua. Que se incluya a los municipios y a los ciudadanos porque en algunos lugares se conforman comités para esta tarea”, expuso.

Confió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le corregirá la plana al Congreso local respecto a esta legislación para que sea declarada anticonstitucional.

Regidores debieron ser convocados con 24 horas de antelación

Recordó que el Congreso del Estado aún no le contesta respecto a la solicitud de información relacionada con la supuesta acta de Cabildo en la que se aprueba la reforma, pues recordó que al menos él no fue convocado a una sesión.  

“Quiero que se me informe cuando fue notificado el municipio. Los regidores debieron ser notificados cuando menos 24 horas antes. Ese debió de ser el procedimiento. Sino estaría dando por legal un asunto donde hubo irregularidades”.  

Manifestó que si no existe nada turbio, el Congreso local debería ser el más interesado en transparentar los procedimientos.

La semana pasada el edil de Libres, Enrique Cerón Flores, rechazó el aval del Cabildo a esta reforma a pesar de que tanto dicho municipio como Cuautlancingo aparecen en el decreto donde se señaló que 142 ayuntamientos respaldaron la legislación.