Otra vez, como cada día 26 de cada mes, organizaciones se manifestaron en el zócalo de la ciudad de Puebla recordando la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Normal Rural "Raúl Isidro Burgos " de Ayotzinapa que cumple 29 meses sin que hasta el momento exista avance en las investigaciones del caso ocurrido en Iguala, Guerrero.

Los colectivos "Raíz Joven", "Son del Maíz" "Difundiendo Resistencias" relataron entre cantos lo ocurrido la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, fecha en que, según la versión oficial, los normalistas fueron detenidos por policías corruptos y entregados al cártel Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron en el basurero de Cocula.

Epifanio González, del Comité Puebla-Ayotzinapa hizo eco del llamado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, a la unidad de todas las luchas contra la impunidad para crear un sólo movimiento, en el  marco de la V Convención Nacional Popular.

El pasado 9 de enero de 2017 la Procuraduría General de la República (PGR) entregó a los padres y a las madres de las víctimas del caso Iguala los resultados de la investigación, resolución calificada por las familias como limitada y parcial.

Los activistas señalaron inconsistencias de esta versión, Según un documento de organizaciones encabezadas por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.

Según ese documento, entre las irregularidades detectadas por el GIEI estuvo el señalamiento de que existieron actuaciones en la investigación que no fueron reportadas dentro del expediente.

A casi 10 meses de las revelaciones del GIEI se ha hecho pública la resolución final de la PGR. El proyecto avanzado por el anterior visitador fue recortado en sus principales alcances para generar una conclusión que de forma inaceptable convalida graves violaciones al debido proceso y con ello fomenta la ilegalidad, señala el documento.

“La resolución realizada por la Visitadora Adriana Campos, ya dentro de la administración del Procurador Raúl Cervantes Andrade, abona a la impunidad y violenta al Estado de Derecho. No sólo constituye un nuevo agravio a las familias que aún demandan justicia y verdad, sino que también muestra la profundidad de los problemas estructurales de la PGR, en la medida en que evidencia cómo los controles internos constituidos por instancias como la Visitaduría General, carecen de independencia, firmeza y capacidad técnica, concluyen.