Entre el primer anteproyecto y el contrato final firmado, el costo de construcción y equipamiento del Museo Internacional Barroco (MIB) aumentó de 760 a 1 mil 774 millones de pesos, mientras que el pago por la operación y mantenimiento del edificio pasó de 87.2 a 269 millones de pesos anuales.

Así lo asentó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en su informe de resultados de la revisión a la cuenta pública 2015, periodo que correspondió a la gestión del exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas.

Cuestionó además que la administración estatal entregara anticipos por 307.9 millones de pesos a las empresas La Peninsular Compañía Constructora, Operadora y Administradora Técnica, Promotora de Cultura Yaxche y Concretos Obras del Pacífico, sin que estuvieran contemplados en el contrato de la obra.

Debido a ello, el órgano fiscalizador tiene vigentes dos solicitudes de aclaración por este proyecto y pidió un proceso administrativo sancionatorio contra los funcionarios responsables de posibles anomalías, según se indica en la auditoria 15A-21000-04-1219.

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Sin justificar aumento en costo del MIB

En su revisión a los recursos federales aportados por el Banco Nacional de Obras (Banobras) a la construcción del museo, la Auditoría detectó inconsistencias en el costo final del proyecto.

El reporte indica que en junio de 2012 el gobierno de Puebla presentó a la federación un anteproyecto realizado por la empresa Evercoreen el que se establecía que  la construcción y equipamiento del museo –que se encuentra en el Ecoparque Metropolitano– costaría 760 millones de pesos.

Mientras que la “contraprestación” a las empresas que se hicieran cargo de la operación y del mantenimiento del inmueble sería de 87.2 millones de pesos al año, a partir del primero de enero de 2016, hasta llegar a 23 años y 4 meses.

Sin embargo, en febrero de 2014 la administración estatal presentó al gobierno federal nuevos estudios del proyecto, en los que aumentó en 536 millones de pesos el costo de la edificación, hasta llegar a 1 mil 296 millones de pesos. El incremento equivale a un 70.5 por ciento.

La ASF refiere que el aumento se justificó porque se “actualizaron” las condiciones de ejecución de la obra, con un nuevo proyecto arquitectónico diseñado por el japonés Toyo Ito, no considerado al inicio.

Sin embargo al firmarse el contrato de asociación público privada SFA-CP-APP-2014/002 el pago anual se elevó de 169 millones a 269 millones de pesos, sin detallar en ningún documento “cómo se calculó y determinó el importe de la contraprestación pactada” y el motivo del aumento.

Mientras que la obra física del inmueble se reportó con un costo final de 1 mil 774 millones 228 mil pesos.

Al solicitar una aclaración, la administración argumentó que los estudios que presentó inicialmente no la obligaban a respetar las cantidades establecidas, por lo que aseguró que no incurrió en una anomalía, sin embargo la Auditoría sostuvo que sí se trató de una irregularidad.

“Se determinaron inconsistencias normativas en el proceso de contratación, ya que no se acreditó el detalle del cálculo y las operaciones que determinaron el monto del pago anual de la contraprestación por 269,000.0 miles de pesos -269 millones de pesos- …”, se cita en el informe.

El pago establecido finalmente alcanza los 6 mil 276 millones de pesos, cantidad que con el IVA incluido asciende a 7 mil 280 millones de pesos, que se pagarán a lo largo de 23 años.

Debe citarse que los recursos para el pago del MIB provienen del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) que recauda el gobierno del estado y que administra la empresa Evercore-Protego –la misma que hizo el anteproyecto- a través de un fideicomiso privado, los cuales también sirven como garantía de pago para otras obras como el Centro Integral de Servicios (CIS) y las plataformas de la armadora Audi.

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Se entregaron anticipos sin estar contemplados

El informe también refiere que el gobierno estatal entregó, a través de la Secretaría de Educación Pública, un anticipo por 307.9 millones de pesos a las empresas que ejecutaron el proyecto, sin que esta cantidad estuviera estipulada en las bases del concurso de licitación mediante el que se asignó la obra.

Por este punto, la ASF hizo una solicitud de aclaración y pidió el inicio de un proceso de sanción por actos u omisiones de servidores públicos.