Más de la mitad de los reclusos en las cárceles del estado de Puebla no tiene sentencia, reveló la directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE) de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Galilea Cariño Cepeda.

Al presentar el Observatorio de Prisiones, proyecto impulsado por la organización Documenta en coordinación con la Universidad Iberoamericana Puebla, señaló también que las cárceles poblanas tienen una calificación de 6.79 y se encuentran en “focos amarillos”.

Las cárceles de Puebla registran sobrepoblación, entre ellas, la distrital de Tepeaca, que aparece en primer lugar nacional con una sobreocupación de 534 por ciento y autogobiernos establecidos por parte de los propios reclusos, informó.

En Puebla, la tasa de personas privadas de la libertad por cada 100 mil habitantes aumentó 6.41 puntos entre los años 2012 a 2016. Al cierre del año 2016, en la entidad había 8 mil 890 personas privadas de la libertad.

Presos en el limbo y en ceresos reprobados

Según datos del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las 585 mujeres que se encuentran en reclusión en Puebla, más de la mitad, 54.36 por ciento, aún no tiene sentencia, mientras que para la población varonil este porcentaje es de 45.91 por ciento.

El reporte agrega que de los 22 centros penitenciarios en Puebla, 12 redujeron su calificación de 2012 a 2016 y 10 la aumentaron, aunque algunos de manera mínima, como en los distritos de Huejotzingo, Izúcar de Matamoros y Libres.

Los centros de reinserción de Tepeaca, Acatlán de Osorio, Tecamachalco, Atlixco y Tehuacán se encuentran con calificaciones reprobatorias; mientras que el Cereso de San Miguel obtiene 6.74 de calificación.

Sistema penitenciario opaco

La directora del  IDHIE de la Universidad Iberoamericana Puebla, Galilea Cariño Cepeda, comentó que con el Observatorio se busca fortalecer el Estado de Derecho, así como el cese de la discrecionalidad y la opacidad del Sistema Penitenciario en Puebla y el país.

Destacó que los internos están sometidos a violaciones de derechos humanos, deficiencias en los servicios de salud y sobrepoblación; además, se carece de programas de prevención de adicciones, se presentan problemas en la calidad y cantidad de alimentos.

Respecto al personal de seguridad y custodia, resulta insuficiente; además, se tienen detectados cobros indebidos al interior de los centros de readaptación social.

Para Cariño Cepeda, los resultados del Observatorio demuestran las necesidades de acciones para atender con dignidad a la población penitenciaria de Puebla y de todo el país.

“La población debe ser atendida por las autoridades tomando en cuenta un trato digno, que es derecho humano”, destacó. 

Busca Documenta transparencia y rendición de cuentas

Por su parte, María Sirvent Bravo-Ahuja, coordinadora institucional de Documenta AC., aseveró que el Observatorio de Prisiones es una plataforma de datos abiertos que se rige bajo tres ejes fundamentales: transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. Material que se construye por medio de información oficial y el trabajo de organizaciones civiles.

Marissa Hubert Chakour coordinadora del Programa Sistema Penitenciario y Reinserción Social de Documenta aseguró que este trabajo surge como una respuesta al número tan alto de personas privadas de su libertad y a la peor calificación del Sistema Penitenciario en México que data del año 2014.

También destacó que gracias al trabajo de investigación desarrollado por el Observatorio de Prisiones se pudo conocer que de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria hecho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el Centro de Reinserción Social (CERESO) de Tehuacán se presenta como un foco rojo en la entidad y el mejor calificado del estado fue el de Ciudad Serdán.

La representante de Documenta manifestó que este diagnóstico da una calificación global de los centros penitenciarios tomando en cuenta la acreditación de la Asociación Americana de Prisiones (ACA), la sobrepoblación, el autogobierno, la presencia de niños (la cual desde el 2015 no ha sido medida sin explicación de por medio) y la vinculación pública privada.

La Coordinadora del Programa informó que esta plataforma busca ser una guía para que familiares o defensores públicos puedan conocer los derechos que tienen las personas recluidas y con ello incidir en el fortalecimiento del sistema de justicia y en la construcción de políticas públicas que garanticen el respeto de los Derechos Humanos de las personas privadas de libertad.

Finalmente, Marissa Hubert  enfatizó que el hacinamiento en las cárceles debe ser una prioridad para los gobiernos, pero eso no significa crear más cárceles sino explorar nuevas formas de reinserción, como lo puede ser el servicio a la comunidad.

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