Organizaciones y defensores de derechos humanos denunciaron tácticas de pánico, miedo y terror en municipios de las Sierras Norte y Sur donde hay grupos ciudadanos organizados contra los llamados “proyectos de muerte”

Acusaron que el objetivo es desarticular e inhibir la resistencia contra  los consorcios dedicados a la extracción de recursos minerales, energéticos y naturales.

En rueda de prensa el Consejo Tiyat Tlali, Red de Defensa de los Derechos Humanos (REDDH), Centro de Asesoría entre Mujeres (CADEM), denunció el  incremento de la violencia en comunidades indígenas donde hay movimientos socioambientales, bajo la apariencia de “delincuencia organizada” cuando en realidad son grupos “paramilitares” que han sembrado un clima de terrorismo de estado .

“Estos grupos delictivos nos intimidan con muertes, robos, nos avientan cadáveres en comunidades pacíficas como quien avienta pelotas. Es una política de terror que se ha dado en estos cinco años, específicamente donde hay grupos organizados”, dijo Miguel Hernández, representante del Consejo Tiyat Tlali

Hernández dijo también que hay  colusión de autoridades con las trasnacionales Grupo México, Almaden Minerals y  Comexidro  y “lo que se busca es que dejemos nuestro territorio”.

Ángel Lueza Ruíz, de la REDDH, comparó la situación en las comunidades indígenas con los “saqueadores” y el clima de terror sembrado que se vivió en la primera semana de enero. “Hoy sabemos que fueron los mismos grupos paramilitares, promovidos desde las más altas cúpulas de poder”.

Señalo que solo en el municipio de Cuetzalan, en el actual periodo de gobierno del alcalde Oscar Paula Cruz, se han registrado más de 60 robos a casa habitación, seis a tiendas Diconsa, nueve a escuelas, dos a templos, cinco  a cooperativas de ahorro, uno de ellos con secuestro; seis robos del dinero de Prospera, cuatro a cobradores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), uno a la presidencia auxiliar de Yohualichan, otro al palacio municipal de Cuetzalan, a cajeros automáticos; 13 asaltos a vehículos repartidores de gas, alimentos, cervezas; tres asaltos a vendedores de pan, 12 asaltos a repartidores de tortillas, 25 asaltos a vehículos de transporte público, 10 de éstos a mano armada en uno falleció una persona; y 16 homicidios cometidos en caminos y vehículos, según documentó el Comité de Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC) el 19 de noviembre de 2016.

Los casos de secuestro a comerciantes y asaltos violentos a paseantes en los caminos, sobre todo por el rumbo de Nahuyopan, y hasta asesinatos de manera sanguinaria en el municipio de Cuetzalan de la Sierra Norte, fueron parte de la relatoría.

Ángel Lueza Ruíz señaló que la utilización de armas de uso exclusivo del ejército es otro elemento que indica la falta de responsabilidad de los tres niveles de gobierno: municipal, estatal y federal. “Sabemos que son grupos paramilitares por el uso de armas de alto poder, de uso del ejército, para cometer robos a gente que vende pan”.

Miguel Hernández aseguró que las comunidades viven en resistencia. “Comunidades estamos organizándonos, no dejaremos de hacerlo. Otomís, nahuas y todo grupo indígena seguiremos defendiendo con la vida nuestro territorio, hacemos responsable al Estado y a los tres niveles de gobierno por cualquier atentado que sufra cualquiera de nuestros habitantes o compañeros”.