Rosalío Zanatta Vidaurri, diputado local del PRI, rechazó que la reforma a la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización haya fortalecido a la Auditoría Superior del Estado (ASE) como garrote político de alcaldes opositores al régimen.

En entrevista, el también integrante de la Comisión Inspectora de la ASE afirmó que el nuevo Sistema Estatal Anticorrupción hará posible una fiscalización más transparente que evitará que las sanciones a alcaldes en funciones, como la de Tehuacán Ernestina Fernández o de gestiones anteriores como el de Puebla Eduardo Rivera se interpreten como venganzas políticas o electorales.

Durante el tercer periodo ordinario de sesiones el Congreso del Estado aprobó la reforma la Ley de Rendición de Cuentas, en la que entre otros aspectos se le otorgan nuevas facultades a la ASE.

“Con la nueva Ley Anticorrupción todo este tipo de procedimientos se van a acabar. Finalmente viene muy estricta. Va a beneficiar que los procesos sean abiertos”.

Subrayó que los sujetos de revisión también podrán defenderse ante el Tribunal de Justicia Administrativa.

“Si no les gusta lo que alguna resolución de la Auditoría se pueden ir al Tribunal. Confío en que cambiarán las cosas para el bien de Puebla”, expuso.  

La reforma a la Ley de Rendición de Cuentas le da nuevas facultades a la ASE como la de promover responsabilidades administrativas y presentar denuncias y querellas penales, por faltas no graves ante el órgano interno de control y por faltas graves ante el nuevo Tribunal de Justicia Administrativa.

También podrá promover juicio político ante el Congreso del Estado por la presunción de actos u omisiones de los servidores públicos.

Durante la última sesión del tercer periodo ordinario el Congreso del Estado inició un proceso administrativo de determinación de responsabilidades en contra del exedil, Eduardo Rivera y un proceso de destitución contra la alcaldesa de Tehuacán, Ernestina Fernández.