Los regidores del Ayuntamiento de Acatlán de Osorio reafirmaron, desde el Zócalo de Puebla, su petición para que el Congreso del Estado inicie el proceso de revocación de mandato de la presidenta municipal, Guadalupe Lucero Bárcenas. Durante una conferencia de prensa, aseguraron que la administración enfrenta una crisis de gobernabilidad y demandaron una pronta resolución.

Los integrantes del Cabildo señalaron que no retirarán la solicitud presentada ante el Poder Legislativo, al considerar que existen elementos suficientes para investigar el desempeño de la alcaldesa. Además, insistieron en que el procedimiento debe avanzar conforme a la ley y con apego a la transparencia.

Durante su posicionamiento, denunciaron presuntas amenazas e intimidaciones, además de afirmar que han sido exhibidos públicamente como delincuentes sin que existan pruebas. También manifestaron su preocupación por la posible integración de carpetas de investigación en su contra, y responsabilizaron a la edil de cualquier agresión que pudieran sufrir ellos o sus familiares.

Los regidores sostuvieron que han detectado presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y en la ejecución de obra municipal. Por ello, solicitaron que se practique una auditoría forense que permita esclarecer el destino del presupuesto y determinar si existieron anomalías durante la administración.

Asimismo, rechazaron las versiones que los vinculan con el plantón instalado frente al Palacio Municipal de Acatlán de Osorio. Afirmaron que esa manifestación corresponde a ciudadanos inconformes y aseguraron que su movimiento se mantiene por la vía institucional y legal.

Los funcionarios municipales recordaron que el conflicto político se mantiene desde junio de 2026, cuando la mayoría del Cabildo promovió la solicitud de revocación de mandato. A casi un mes del inicio del proceso, reprocharon que el Congreso del Estado aún no haya emitido una respuesta formal sobre el caso.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades estatales para garantizar condiciones de seguridad y legalidad durante el desarrollo del procedimiento, al tiempo que reiteraron que continuarán presentando pruebas para sustentar sus señalamientos y respaldar la solicitud presentada ante el Poder Legislativo. (KR)