La “vigilancia” que el gobierno de Puebla ha ejercido sobre equipos de cómputo o teléfonos móviles es una amenaza grave a los derechos humanos, particularmente de personas vulnerables como opositores políticos o periodistas, además, los métodos utilizados son opacos y tienen un origen ilegal e ilegítimo. 

Así lo expuso José Flores, director de Comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), agrupación ciudadana que esta semana presentó un informe en el que reveló que desde el 2013 el gobierno poblano ha solicitado a empresas de telefonía el acceso a datos de 627 usuarios; ha pedido en ocho ocasiones al Poder Judicial la intervención de comunicaciones privadas, la geolocalización en tiempo real de 65 celulares y adquirió un programa de espionaje de equipos de cómputo en 7.5 millones de pesos.

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El reporte fue elaborado mediante las respuestas a solicitudes de información que la Red presentó a la Fiscalía General del Estado(FGE), así como al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre otras instancias.

El documento también retoma información sobre la adquisición de un programa de espionaje que la administración poblana efectuó en 2013 a la empresa Hacking Team.

Hay ilegalidad en la “vigilancia” en Puebla 

El activista expuso que tal y como en el informe se expone, en Puebla como en otras entidades del país se vive un “estado de vigilancia” que atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos, y ante el que están más vulnerables personas como políticos, periodistas y otros personajes de la vida pública. 

Explicó que en correos de la firma Hacking Team que fueron difundidos por la plataforma WikiLeaks se revela que fue la Secretaría General de Gobierno (SGG) a través del Centro de Análisis Prospectivos (CAP), la que solicitó a la firma la adquisición de programas para infectar archivos de equipos de cómputo y espiar a los usuarios de los mismos, en fechas que coinciden con procesos electorales que se desarrollaron en la entidad.

https://wikileaks.org/hackingteam/emails/emailid/590122

https://wikileaks.org/hackingteam/emails/emailid/252042

Uno de esos correos hace referencia al panista Ignacio Dávila, quien fue colaborador del ex edil Eduardo Rivera Pérez, lo que “sugiere” o hace suponer que el espionaje tiene un fin político.

Por otra parte, la ilegalidad de la “vigilancia” que hay en entidades como Puebla queda manifiesta al comprobarse que ha sido la SGG la que ha solicitado a empresas de telefonía celular conocer datos de sus clientes, pues una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitida este año refiere que esas acciones sólo pueden ser emprendidas por las fiscalías de las entidades federativas o por alguna orden judicial.

Detalló que para conocer esos datos la Red realizó múltiples solicitudes de información al IFT, pues aunque por ley este organismo debe dar a conocer listados de empresas telefónicas que han recibido solicitudes para acceder a datos de sus clientes, a la fecha no lo ha hecho. 

Desde su óptica, el especialista consideró necesario que haya más control en el tipo de vigilancia que los gobiernos ejercen sobre los ciudadanos, pues aunque la ley lo regule, deben brindarse las herramientas necesarias para cuidar que no se vulnere la privacidad de las personas. 

Señaló que la retención masiva de datos de clientes que las empresas de telefonía están obligadas a hacer por un periodo de dos años, es desproporcionada, hecho que también debe regularse.

Recordó que para lograr un control han recurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no obstante, añadió que toma años el desahogo de ese tipo de procedimientos.

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