Desde el 2013 el gobierno de Puebla ha solicitado a empresas de telefonía el acceso a datos de 627 usuarios y ha pedido en ocho ocasiones al Poder Judicial la intervención de comunicaciones privadas, la geolocalización en tiempo real de 65 celulares y adquirió un programa de espionaje de equipos de cómputo en 7.5 millones de pesos.

Así lo asentó la Red en Defensa de los Derechos Digitales en su informe “El Estado de la Vigilancia, Fuera de control” que se presentó este lunes. En abril pasado adelantó parte de sus indagatorias durante el 157 periodo de sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según los datos recabados por esta organización a través de solicitudes de información, por cada intervención de comunicaciones privadas que realizó la administración estatal, pagó 947 mil 275 pesos.

El informe advierte que el creciente uso de tecnologías digitales por parte de la ciudadanía, en particular de teléfonos móviles, ha provocado un interés en las autoridades por elevar sus capacidades legales y tecnológicas para acceder a los datos de estos dispositivos.

Ello otorga a las autoridades un “alto poder invasivo y control sobre la persona vigilada”, mediante la recolección, almacenamiento, monitoreo y análisis de información personal, pero también, de manera creciente, de otra información personal generada por las personas al interactuar con productos, servicios, e incluso, espacios públicos.

Intervención de comunicaciones privadas 

A lo largo de 2015 la Fiscalía General del Estado (FGE) realizó al Poder Judicial ocho solicitudes de intervención de comunicaciones privadas –cada una con un costo de 947 mil 275 pesos-, las cuales fueron autorizadas en su totalidad, según lo reconoció la propia dependencia a través de respuestas a solicitudes de información.

En los primeros seis meses del presente año la FGE también realizó 65 peticiones de geolocalización en tiempo real de teléfonos móviles.

Acceso a datos conservados 

Desde el año 2009, las empresas de telecomunicaciones se encuentran obligadas a conservar los “metadatos de comunicaciones” de todos sus usuarios. A partir de 2014 la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fijó el periodo de registro a 2 años, aunque no se precisa qué autoridades están facultadas para acceder a ellos.

Sin embargo el gobierno de Puebla ha realizado 627 peticiones a empresas de telefonía para acceder a datos de líneas de sus clientes.

En 2013 fueron 11; en 2014 sumaron 15 procedimientos; para 2015 aumentaron a 85, mientras que en el primer semestre de 2016 se registraron 516. Este último número coloca a la entidad en la posición número 15 de las autoridades estatales y federales que han realizado esas solicitudes.

Espionaje en equipos de cómputo 

Existe evidencia de que autoridades tanto federales como estatales han adquirido programas para infectar computadoras y teléfonos móviles para extraer información e incluso tomar control de los mismos para convertirlos en dispositivos de vigilancia focalizada, según expone el informe. 

El 5 de julio de 2015 fueron ventilados correos electrónicos y documentos internos de la firma italiana Hacking Team, los cuales mostraron que su software de espionaje había sido vendido a gobiernos de diversos países, como México, así como a autoridades locales, entre ellas las de Puebla, sin facultades legales para hacerlo.

Según los datos presentados, el gobierno estatal adquirió el software en 2013 con un costo de 7 millones 578 mil 200 pesos, mientras que por cada solicitud para intervenir comunicaciones privadas pagó 947 mil 275 pesos.

Se expone además que la administración poblana mostró interés en adquirir un Inyector de Redes Táctico (TNI), el cual es una computadora portátil que identifica otros equipos en una red de internet y los infecta del software espía, incluso, al abrir un video de Youtube. 

Intervenciones sólo se usan para ocho procesos penales

Las intervenciones de comunicaciones privadas que el gobierno poblano ha realizado, como la geolocalización en tiempo real o el acceso a datos de líneas telefónicas se han citado en 55 averiguaciones previas, sin embargo únicamente en ocho casos derivaron en acciones penales.

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