Elia Tamayo, madre del niño José Luis Tlehuatle Tamayo fue presionada por el gobierno estatal para aceptar 1 millón 700 mil pesos como reparación del daño, recomendación pendiente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)

Araceli Bautista, madre del presidente de la junta auxiliar, Javier Montes, preso político recién liberado e integrante del Centro de Difusión de los Derechos Humanos José Luis Tlehuatle Tamayo, en entrevista con una radio por internet, sostuvo que funcionarios estatales habrían condicionado el pago de la reparación del daño a cambio de la libertad de su hijo preso en el Centro de Readaptación de San Miguel y la cancelación momentánea de tres órdenes de aprehensión pendientes.

“En reuniones nos lo dijeron siempre. Un funcionario incluso hizo un esquema explicándonos que si la señora Elia no firmaba el acuerdo, en automático Javier se quedaba en la cárcel, el Ministerio Público apelaba para mantenerlo preso y las órdenes de aprehensión pendientes se reactivarían”, dijo en la transmisión de hoy.

Araceli Bautista adelantó en la entrevista que esta semana acudiría a la CNDH para preguntar por el estatus de las Recomendaciones y para solicitar al órgano defensor de los derechos humanos su participación en el aval del pago de esta indemnización que aseguró se hace en medio de presiones y con acuerdos condicionados.

Repudió que la tragedia sucedida en San Bernardino Chalchihuapan sea la base del mensaje que usará Rafael Moreno Valle, gobernador del estado, para presentarse como un mandatario que respeta los derechos humanos cuando en realidad ha mantenido un gobierno represor.

Al aire, narró que la pesadilla de la junta auxiliar de Chalchihuapan ---por la represión que sufrieron al defender la permanencia del Registro Civil --- no sólo se tradujo en las decenas de personas heridas, nueve de gravedad; también sufrieron 13 órdenes de aprehensión,  3 más en en calidad de pendientes. 

Dijo que para el Centro de Difusión de los Derechos Humanos la justicia y la reparación del daño en la comunidad indígena de Chalchiha aún es un pendiente.

Esta semana versiones periodísticas aseguraron que con el pago de la indemnización de un millón 700 mil pesos el gobierno del estado cumple con el total de los 11 puntos de la Recomendación de la CNDH, luego de que Elia Tamayo se negara a aceptar la reparación del daño que ofrecía el Ejecutivo.

El tercer punto de las Recomendaciones instruía al gobierno de Puebla para que se reparen los daños causados a las víctimas y a sus familiares en los términos más amplios y de manera integral, acorde con lo que establecen los estándares internacionales en la materia y la Ley General de Víctimas, por los actos y omisiones en que incurrieron los servidores públicos de la instituciones de seguridad pública y procuración de justicia del Estado de Puebla que participaron en los hechos del 9 de julio de 2014 en el municipio de Ocoyucan.