Rubén Sarabia Sánchez, mejor conocido como “Simitrio”, y fundador de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA), es un preso político perseguido por diversos gobiernos estatales de Puebla, incluido el actual, considera el diputado federal, Felipe Reyes Álvarez, por lo que solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

A través de un punto de acuerdo que entregó en la Cámara de Diputados federal, el legislador perredista hizo un recuento de la persecución que, dice, ha sufrido Simitrio junto con su familia y otros integrantes de dicha organización de vendedores, por defender los derechos no sólo de su gremio sino también de otros sectores de la sociedad en Puebla.

Destaca que la UPVA fue creada el 28 de octubre de 1973 y a finales de la década de los ochenta Simitrio denunció el hostigamiento y represión que sobre esa organización realizaba el gobierno estatal, encabezado entonces por el gobernador Mariano Piña Olaya, “a quien acusó de no seguir los acuerdos derivados del desalojo de los ambulantes del Centro Histórico por la administración gubernamental anterior”.

Explica que en 1989 Simitrio fue acusado por diversos delitos como asociación delictuosa, daño en propiedad ajena, robo, posesión y acopio de armas, rebelión, incitación a la rebelión y posesión de drogas, por lo que el 4 de julio de 1989 fue detenido en la Ciudad de México y llevado a la ciudad de Puebla.

Desde entonces y hasta el 2001, Simitrio permaneció preso en diferentes penales, incluido el penal de San Miguel, Puebla; el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Puente Grande, Jalisco; y en el Cefereso de Almoloya en el Estado de México.

En 2001 alcanzó la libertad condicional, por acuerdo del gobernador del estado a través del secretario de Gobernación de Puebla. Sin embargo, el 18 de diciembre de 2014 –a unos días de su libertad absoluta- una juez penal de primera instancia revocó de manera ilegal el beneficio de preliberación otorgado por el gobernador, por lo que un día después Simitrio fue detenido nuevamente y desde entonces sigue preso en el Cereso de San Miguel, en Puebla.

Con ello, “se demuestra que se usó de manera arbitraria e ilegal el poder del estado, abusando de la fuerza para encarcelarlo, y poder así desatar la represión y persecución política contra la 28 de octubre, armar desde las instituciones procesos penales que tienen en prisión a sus hijos y a Fernando Alonso; procesada a la esposa, a la nuera y a dos militantes más; sumando a lo anterior las amenazas de muerte desde el anonimato”, denunció el legislador perredista.

Añadió que luego de su reaprehensión y sin darle oportunidad de defenderse legalmente, la Juez de Ejecución de Sanciones y Sentencias de Puebla le impuso a Simitrio una sentencia de 35 años con 6 meses de prisión.

“Según esta sentencia Simitrio debía estar en prisión hasta el 10 de noviembre de 2050, además que de facto (la Juez) desconoció la estancia de Simitrio en prisión de 1989 a 2001”, destacó el legislador.

Por ello, el diputado Reyes Álvarez presentó un punto de acuerdo para pedir que la Cámara baja exhorte al gobernador de del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, a retomar el caso de Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio”, garantizándole un proceso con irrestricto apego a derecho y asumiendo todas y cada una de las consecuencias legales que se deriven de éste.

Y que en, en su caso, el gobernador Moreno Valle otorgue la libertad plena, inmediata e incondicional a Rubén Sarabia Sánchez “Simitrio” y sus hijos Atl Tonatiuh Rubén y Xihuel, ambos de apellidos Sarabia Reyna y Luis Fernando Alonso Rodríguez.

Además, el legislador también propuso que la Cámara de Diputados solicite la intervención de la CNDH para que observe el proceso que se sigue contra Simitrio y determine las causas de su proceso político y cese la represión contra la Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de Octubre.

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