La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en auxilio del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la agencia de Chalco de la Procuraduría General de la República (PGR), llevó a cabo la valoración e identificación de 155 ejemplares de fauna, a fin de proporcionar el dictamen pericial que sustente la acusación hacia una persona detenida la madrugada del 1 de noviembre por la Policía Federal.

 Dos inspectores de la Subprocuraduría de Recursos Naturales de la PROFEPA llevaron a cabo la identificación de los 155 ejemplares que corresponden a 96 sapos gigantes (Rhinella marina), 30 tortugas casquito (Kinosternon acutum), 22 tortugas pavorreal (Trachemys venusta), 6 iguanas negras (Ctenosaura similis) y 1 tortuga blanca (Dermatemys mawii).

Los reptiles y anfibios fueron encontrados por agentes de la Policía Federal mediante una inspección vehicular llevada a cabo a un autobús en la caseta de San Marcos, ubicada en el kilómetro 43 de la autopista federal México-Puebla con dirección a la Ciudad de México.

 Dichos ejemplares eran trasladados en costales de manta en el portaequipajes del autobús, por lo cual se identificó al responsable del tráfico de vida silvestre que provenía del estado de Veracruz para hacer entrega de los animales en la Ciudad de México.

La persona detenida por la Policía Federal fue puesta a disposición del Ministerio Público adscrito a la agencia de la PGR en Chalco, quien solicitó la coadyuvancia de la PROFEPA para emitir el dictamen pericial, mediante el cual sustentaría y acreditaría el delito contra la biodiversidad.

De acuerdo al Código Penal Federal, se considera delito a quien ilícitamente trafique especies de fauna catalogadas como amenazadas, en peligro de extinción y sujetas a protección especial, por lo cual se puede alcanzar una pena de 1 a 9 años de prisión.

En este caso, las especies de iguana negra, tortuga casquito y tortuga blanca se encuentran listadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 como especies amenazadas, en peligro de extinción y sujetas a protección especial, respetivamente; por lo cual se acredita el delito.