La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) admitió los cuatro juicios de revisión constitucional interpuestos por Morena, PRI y las excandidatas a la gubernatura Roxana Luna Porquillo y Ana Teresa Aranda Orozco en contra del triunfo de José Antonio Gali Fayad.

Los recursos se registraron con las claves SUP-JRC-387/2016, SUP-JRC-388/2016, SUP-JRC-389/2016 y SUP-JRC-390/2016. La resolución de los mismos está a cargo del magistrado Constancio Carrasco Daza, presidente de la Sala Superior del TEPJF.

Las impugnaciones se presentan contra de la sentencia que el 9 de octubre validó el pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), con la cual se declaró la validez de la elección a gobernador y la elegibilidad por mayoría de votos de José Antonio Gali Fayad, así como la entrega de la constancia como gobernador electo al abanderado de la coalición Sigamos Adelante.

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Esta es la segunda vía por la que el Revolucionario Institucional, el Movimiento de Regeneración Nacional, la perredista Roxana Luna Porquillo y la excandidata independiente Ana Teresa Aranda Orozco buscan controvertir el resultado de la elección del pasado 5 de junio.

El viernes pasado, los dos partidos políticos y las excandidatas entregaron sus recursos de inconformidad ante el TEEP, instancia que contaba con 48 horas para remitir los expedientes ante el órgano jurisdiccional local. 

El tribunal electoral local fue la primera instancia que desechó las impugnaciones, bajo el argumento de que los partidos políticos y las exabanderadas no acreditaron las pruebas de sus dichos.

El PRI pidió al TEEP la nulidad de la elección al señalar el rebase del tope de gastos de campaña, la utilización de recursos públicos o de procedencia ilícita, irregularidades en las actas de escrutinio y cómputo, la intimidación del gobierno de Rafael Moreno Valle hacia los electores, ataques misóginos hacia su candidata Blanca Alcalá Ruiz, la compra de votos y la imparcialidad de las autoridades.

Morena argumentó irregularidades graves en el recuento de los sufragios de los paquetes electorales, para favorecer a Compromiso por Puebla.

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En tanto, Luna Porquillo acusó el rebase de tope de gastos de campaña por parte de Gali Fayad y la coalición Sigamos Adelante, así como la intromisión de recursos de procedencia ilícita.

En el caso de Aranda Orozco, el argumento legal para solicitar  la nulidad de elección se sustentó en que hubo actos para no permitir su postulación como candidata independiente por parte de cinco consejeros electorales, el uso de recursos públicos en la entrega de tinacos y paquetes escolares, los descuentos aplicados a las fotomultas y el pago del servicio de agua, así como manipulación de las boletas electorales durante el escrutinio que ayudó a Compromiso por Puebla (CPP) a mantener su registro como partido político estatal.