Fernando Morales Martínez, exdirigente estatal del PRI, impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF), el inicio de procedimiento de expulsión en su contra por parte de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor.

El análisis del recurso SUP-JDC-1789/2016 estará a cargo del magistrado Flavio Galván Rivera, según consta en la página del órgano jurisdiccional.

Quien se desempeñó abiertamente como operador de José Antonio Gali Fayad, excandidato de la coalición Sigamos Adelante, se inconforma contra el acuerdo CNJP-PS-PUE-262/2016, en el cual se declaró procedente ejercer la facultad de atracción del procedimiento para su expulsión del PRI.

El propio Fernando Morales anunció que presentaría una defensa ante las instancias jurisdiccionales para detener el proceso en su contra, al tiempo de confirmar su militancia priísta.

La semana pasada, Jorge Estefan Chidiac, dirigente estatal del PRI, reveló que el proceso de expulsión en contra de Fernando Morales por operar en contra de su partido en la pasada elección se inició a petición del ex dirigente nacional, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

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Expuso además que responde al reto que el propio ex diputado federal le hizo al PRI para que lo expulsara.

El otro proceso que se abrió fue contra el edil de Venustiano Carranza, Rafael Valencia Ávila, quien antes de que procediera su expulsión hizo válida su renuncia.

Promueven partidos 8 impugnaciones por sanciones del INE

El máximo tribunal de justicia electoral en el país admitió ocho impugnaciones de los partidos políticos y coaliciones relacionadas con irregularidades en el dictamen de fiscalización respecto al manejo de sus prerrogativas en la pasada elección.

El PAN promovió el recurso SUP-RAP-330/2016, la coalición que conformaron del PRI y el PVEM promovieron el expediente SUP-RAP-346/2016, el Partido del Trabajo por su parte presentó el expediente SUP-RAP-371/2016.

Asimismo, el PRD promovió el recurso SUP-RAP-379/2016, Morena el SUP-RAP-372/2016, en tanto que la coalición Sigamos Adelante SUP-RAP-402/2016 y el PRI por separado el SUP-RAP-449/2016.

En dicho dictamen el INE halló anomalías cometidas por los partidos políticos en Puebla que suman más de 15 millones de pesos.