La Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará mañana la queja de un grupo de personas con discapacidad intelectual, que considera inconstitucional que para obtener un amparo, un juez les deba asignar un representante especial, incluso en los casos en que ellos mismos ya hayan elegido uno, con el argumento de que son discapacitados.

El asunto toral consiste en si la Corte reconocerá o no la personalidad y capacidad jurídica, que implican derechos y obligaciones, de las personas con cualquier tipo de discapacidad, tal como lo establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual México fue promotor en la ONU y es Estado Parte.

Grupos que apoyan que se otorguen plenos derechos a los discapacitados aseguran que el ministro Eduardo Medina Mora presentará un proyecto en el que reconoce la vigencia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad como ley suprema en México.

Pero indican que el proyecto impone la necesidad de que el juez cuente con diagnósticos para obtener una clasificación de discapacidades.

Aseguran que el ministro Eduardo Medina Mora considera que el artículo 8 de la Ley de Amparo no es inconstitucional y que puede interpretarse conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Sin embargo, se agregan una serie de obligaciones al juez que reciba una demanda de amparo de una persona con discapacidad.

Afirman que los jueces se deberán recorrer una sería de trámites complicados antes de empezar siquiera a tratar el asunto de la queja o el acto reclamado.

Quienes apoyan que los discapacitados tengan personalidad y capacidad jurídicas, afirman que el documento se contradice porque reconoce el derecho y agrega obligaciones que no dan darán certeza.

Consideraron que el proyecto de resolución sí reconoce que las personas con discapacidad deban ser tratadas como sujetos de derechos, pero que contiene inercias que sin proponérselo son regresivas y acotan el reconocimiento.

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