La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó al gobierno del estado de Puebla un informe sobre las acciones realizadas y de las que estén por llevarse a cabo para dar cabal cumplimiento a las recomendaciones que le hizo la CNDH por el caso Chalchihuapan.

La Primera Comisión de ese órgano legislativo avaló el punto de acuerdo presentado por el diputado federal del PRD, Omar Ortega Álvarez, quien a través de dicho documento advirtió que el gobierno del estado de Puebla ha cumplido sólo parcialmente las recomendaciones emitidas por la CNDH.

El legislador perredista destacó que a raíz de la llamada Ley Bala, aprobada por la Cámara de Diputados local e impulsada por el propio gobernador de la entidad, el 9 de julio de 2014 elementos policiacos reprimieron violentamente una manifestación en el Municipio de Ocoyucan, Puebla. Dejando como saldo varias personas heridas y la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie, de 13 años de edad.

Por ese motivo la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 2VG/2014 con 11 puntos, entre los que se incluían una disculpa pública y la reparación de los daños a todas las personas heridas, así como a la familia del menor fallecido.

Aunque el gobierno del estado de Puebla aceptó la recomendación de la CNDH, a más de dos años no ha dado cabal cumplimiento y sólo se ha valido de artilugios para cumplir a medias son su responsabilidad, advertía el diputado Omar Ortega.

Luego de analizar lo expuesto, la Primera Comisión del Congreso de la Unión coincidió con el legislador perredista en el sentido de que la recomendación emitida por la CNDH es resultado de una investigación que “expresa la veracidad y existencia de conductas documentadas consideradas como violatorias de derechos humanos”, por lo que la autoridad responsable debe llevar a cabo el resarcimiento y reparación de los daños causados.

Dicha comisión legislativa recordó que en su informe anual de actividades 2015, la CNDH reconoció que sólo se han cumplido de manera parcial las recomendaciones presentadas al gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle.

“Esta Comisión dictaminadora considera fundamental que dichas recomendaciones sean atendidas en su totalidad, en virtud de que se trata de violaciones graves a los derechos humanos”, indica.

Y aunque reconoce el carácter no vinculatorio de las recomendaciones que realice la CNDH, también advierte sobre “la obligación de todo servidor público de responder las recomendaciones que les presenten estos organismos y en caso de que éstas no sean aceptadas o cumplidas, los servidores públicos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa”.

Dicha Comisión concluyó que es “conveniente y procedente solicitar información, con pleno respeto al pacto federal, al gobernador del estado de Puebla, para que informe sobre las acciones implementadas a efecto de dar cumplimiento a los once resolutivos consignados en la recomendación emitida por la CNDH  el pasado 11 de septiembre de 2014.