Un reglamento para prevenir los delitos de trata, reformas para aumentar el rango de edad de una víctima de estupro, tipificación del abuso sexual en contra de menores de edad, así como actualización del concepto de violencia familiar, según los estándares internacionales, son los temas que quedaron pendientes en la iniciativa de reforma a la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, criticó Brahim Zamora Salazar, presidente del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos.

En entrevista, el activista subrayó que otro de los grandes pendientes es el concepto de matrimonio igualitario, al tiempo de señalar que esta propuesta de reforma tiene que traducirse en políticas públicas.

Reconoció que la propuesta que el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas presentó durante la última sesión del segundo periodo ordinario responde a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mueres (Conavim), sin embargo, desde su punto de vista no deja de ser una posición “reactiva”.

“La sustancia está pero aún hacen falta algunas recomendaciones. Un reglamento para prevenir los delitos de trata. Pequeñas reformas al tema del estupro. Aumentar el rango de edad de la víctima para que sea de 12 a 16 años. Tipificación de abuso sexual de menores”, enlistó

Respecto al tema del matrimonio igualitario manifestó que tiene que incluirse porque de esta manera se reducen las condiciones de desigualdad de las lesbianas.

Zamora Salazar lamentó que se haya tenido que amagar con una posible alerta de género para que la administración estatal hiciera la propuesta correspondiente.

“Es un acto reactivo. Tiene que llevar una participación de la sociedad civil y de la academia. No solo basta con restaurar normas porque todo esto, al final del día, se convierte en una política pública”.

Sostuvo que la legislación en el tema debe generar un modelo de evaluación de cómo estas normas se aplican en la práctica.

Y es que destacó que las órdenes de protección a favor de una víctima se niegan por parte de las autoridades de justicia pese a que están previstas en la ley.

Durante la última sesión del segundo periodo ordinario el gobernador propuso una reforma a la Ley para el Acceso de la Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Entre otros conceptos propone que “las órdenes de protección de emergencia y preventivas deberán expedirse de manera inmediata dentro de las ocho horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generen”.

Asimismo, establece que la penalidad de hasta ocho años de prisión por el delito de violencia familiar aumentará hasta una tercera parte, en caso de que la víctima sea mayor de setenta años.