El gobierno del estado de Puebla continúa sin cumplir a cabalidad las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, derivadas de la represión contra pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, que dejó como saldo varias personas heridas y la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, en julio de 2014.

Así lo advierte el diputado federal del PRD, Omar Ortega Álvarez, quien asegura que lo único que el gobierno encabezado por Rafael Moreno Valle ha hecho al respecto es, “un acto de mera simulación”, al aceptar las recomendaciones emitidas por la CNDH, pero no cumplirlas en su totalidad.

Y es que, dice el legislador, los autores intelectuales de esa represión en Chalchihuapan permanecen impunes, pese a que “existen pruebas fehacientes que apuntan a los altos mandos, desde el gobernador Moreno Valle, pasando por el exsecretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas”.

El también dirigente del PRD en el Estado de México, recalcó que entre las recomendaciones emitidas por la CNDH y que el gobierno de Puebla sigue sin cumplir, destacan una disculpa pública y la reparación de los daños a todas las personas heridas, así como a la familia de José Luis Alberto.

El diputado Omar Ortega aclaró que no basta con el encarcelamiento de seis policías estatales a quienes se acusó de homicidio culposo, lesiones y falsedad de declaraciones, solo para supuestamente dar seguimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH, toda vez que los autores intelectuales siguen impunes.

Añadió que “resulta indignante que el gobierno del estado de Puebla haya gastado más dinero en publicidad electoral y en la compra de votos, que en cumplir la Recomendación de la CNDH puesto que no solamente falta determinar la responsabilidad penal, sino la reparación de los daños”.

Más aún, aseguró que “es una ofensa no sólo para los poblanos, sino para todo el país, que infanticidas gobiernen en la total impunidad… Ningún servidor público debería tener en su expediente una mancha como la de San Bernardino Chalchihuapan, mucho menos alguien que aspira a la presidencia de la República”, advirtió.

Por ello, el diputado Omar Ortega Álvarez presentará hoy un punto de acuerdo para solicitar que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorte al gobierno del estado de Puebla a cumplir cabalmente la Recomendación 2VG/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sobre la investigación de violaciones graves a los derechos humanos iniciada con motivo de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2014, en el municipio de Ocoyucan, Puebla

Pese a sentencia, policías no pisarán la cárcel

Por tener derecho a la libertad bajo caución, los seis policías estatales  que hace una semana fueron sentenciados por los hechos violentos ocurridos el 9 de julio de 2014 contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, no serán encarcelados.

Así lo explicó Alejandro del Castillo, abogado de los habitantes de Chalchihuapan, quien precisó que el cargo que se  impuso a los elementos de seguridad fue el de homicidio culposo, por lo que se conmutó la pena por el pago de una fianza cercana a los 70 mil pesos.

A los policías estatales se les dictó una sentencia por el homicidio del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien el 9 de julio de 2014 fue herido en la cabeza por un proyectil lanzado por los uniformados que trataban de desalojar la protesta que los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan realizaban en la autopista Puebla-Atlixco.

La muerte del menor se dio el 19 de julio, tras permanecer hospitalizado por 10 días en el Hospital General del Sur.

Sobre las penas que se impusieron a los policías, Del Castillo detalló que a Juan Máximo Jiménez y Francisco López Domínguez fueron sentenciados a tres años y nueve meses, mientras que a Régulo Ramiro Islas, Juan Nava Moreno, Luis Bernardo González Santos se les encontró culpables de los delitos falsedad de declaración y lesiones.