El enfoque de Derechos Humanos para la medición de la pobreza se definió en 2008 y con las reformas constitucionales de 2011 se estableció como mandato, por lo que la pobreza es una violación de estos derechos, destacó  Ricardo Aparicio Jiménez Director General Adjunto de Análisis de la Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

Aparicio Jiménez impartió la conferencia Medición Multidimensional de la Pobreza: una perspectiva de Derechos Humanos, en el marco del ciclo Actualidad en Derechos Humanos, de la  Comisión de Derechos Humanos.

Recordó que en el diagnóstico realizado en 2015 por el CONEVAL, se demostró que 55 millones personas en nuestro país, tenían un ingreso insuficiente y al menos una carencia, además 1 de cada 10 mexicanos tenía tres o más carencias y su ingreso era insuficiente. En el estado de Puebla encontró que el nivel de pobreza era del 65% y uno de sus mayores problemas es la seguridad social, lo cual representa un reto para las mejoras de las políticas públicas.

Aparicio Jiménez recordó que el CONEVAL tiene dos grandes funciones, medir la pobreza y normar y coordinar la evaluación de las políticas de desarrollo social, así como señalar su eficacia, además de hacer recomendaciones con el propósito de mejorar las políticas públicas para que las personas puedan ejercer sus derechos sociales.

Por otra parte, refirió que la ley General para el Desarrollo Social dice que la pobreza no solo es un problema de ineficiencia de recursos económicos, sino además de carencia de educación, salud, seguridad social, condiciones dignas de vivienda y de no tener acceso a la alimentación.

Explicó que la medición que realiza el CONEVAL en México, valora el ingreso y las carencias en la educación, la salud, la seguridad social, vivienda y alimentación, bajo los principios de  universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.