A unos días de que entre en operación el nuevo sistema de justicia penal, dispuesto por la reforma del 2008, México no está listo para su implementación al 100 por ciento, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

A través de un video que publicó en la página oficial del organismo, el líder empresarial indicó que, de acuerdo al seguimiento que han hecho asociaciones como Proyecto Justicia y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), apenas nueve entidades operan totalmente en el nuevo esquema, pero ninguna cumple con todos los estándares de una transformación completa, y en el orden federal el retraso es igualmente importante, a pesar de que contaron con ocho años para infraestructura, equipamiento y capacitación.

“No estamos listos para que el sistema opere al 100%, y esto implica diversos e importantes riesgos en el corto y en medianos plazos. Hay que tener en cuenta la compleja cadena de la procuración e impartición de justicia que tiene que adaptarse al nuevo esquema: desde los policías hasta quienes administran las cárceles, pasando por ministerios públicos, peritos, abogados defensores y jueces”, comentó.

Castañon planteó la necesidad de consensuar a escala intergubernamental e intersectorial una estrategia a la altura para subsanar retrasos y asimetrías, pues de no haber una mejora en el ritmo de implementación, en promedio, el nuevo sistema penal acusatorio podría estar plenamente consolidado hasta alrededor del año 2027, es decir dentro de 11 años.

Precisó que en lo que va del año se han registrado casi 4 mil homicidios relacionados con el crimen organizado, y ocho de cada 10 mexicanos sienten inseguridad. Tres de cada 10 empresas han sido víctimas de delitos, lo que ha tenido un costo anual de alrededor de 110 mil millones de pesos.