La liberación del edil de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, no puede condicionarse a la aceptación de la disculpa que el gobierno estatal ofreció a los pobladores de esa comunidad que fueron víctimas de violaciones a sus derechos humanos en 2014.

Así lo indicó el secretario General de Gobierno, Diódoro Carrasco Altamirano, quien sostuvo que ambos temas no tienen relación alguna.

El 23 de marzo, funcionarios de segundo nivel ofrecieron una disculpa pública a los habitantes de Chalchihuapan, que el 9 de julio de 2014 fueron agredidos durante el desalojo de una manifestación. Entre ellos se encontraba Elia Tamayo Montes, madre del niño José Luis Tehuatlie, quien falleció por lesiones que recibió durante el conflicto.

Posteriormente, los afectados indicaron que sólo otorgarían su perdón si se liberaba a Montes Bautista, quien fue aprehendido semanas después de la reyerta, presuntamente por alentar a los pobladores y golpear a un policía.

Cuestionado sobre el tema, Carrasco Altamirano comentó que “nada tiene que ver una cosa con la otra”, y que la disculpa que ofreció el gobierno estatal forma parte de la recomendación 2VG/2014 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigió a la administración estatal por incurrir en violaciones graves a las garantías individuales de los pobladores.

“No estamos negociando la salida de presos políticos”, reiteró el funcionario estatal, quien dijo que sería “saludable” que los afectados, entre ellos Elia Tamayo, acepten la disculpa que se les ofreció.

En este sentido, dijo que la CNDH valora el acto del pasado 23 de marzo, por lo que están a la espera de que ese organismo emita un dictamen.

“Sería saludable que la señora acepte la disculpa, porque la hicimos de buena fe y esperamos una respuesta generosa a la misma”, comentó.

Es necesario recordar que la recomendación incluye 11 puntos, de los cuales aún no se han cumplido los referentes a las sanciones administrativas y penales a los funcionarios públicos involucrados, dotar al personal de seguridad pública de equipos de videograbación y privilegiar el diálogo con organizaciones sociales.