La prepotencia de escoltas de seguridad privada y de sus jefes, como se evidenció en el ya famoso caso del Ferrari rojo, se replica en todo el país y el estado de Puebla no es la excepción, en donde guaruras de un empresario desaparecieron a seis jóvenes, sin que autoridades estatales ni federales apliquen justicia.

Así lo advierte el diputado federal Omar Ortega Álvarez, quien a través de un punto de acuerdo que presentó a la Cámara baja, recuerda que desde octubre y noviembre de 2015 se reportó la desaparición de seis jóvenes en territorio poblano.

“Sin embargo, la fiscalía general del estado informó que en relación con diversas averiguaciones previas, los seis jóvenes que fueron privados de su libertad, habían sido asesinados, descuartizados y calcinados.

“El motivo del crimen, de acuerdo con información del mismo órgano, fue la venganza del empresario poblano Jorge Aduna Villavicencio, en torno a un supuesto robo en el que habían participado los jóvenes y por el que ordenó a sus escoltas, entre los que se encontraban un ex policía ministerial y un ex agente de la Agencia Federal de Investigación (AFI), localizarlos”, destaca el legislador perredista.

Además, dice, la propia investigación revela que dos de los jóvenes asesinados no habían participado en dicho robo.

“Otro caso alarmante en este mismo sentido nos remonta a diciembre de 2015, cuando organizaciones de la sociedad civil denunciaron ante medios de comunicación que empresas de seguridad privada, en colusión con autoridades locales y federales, torturan y asesinan a personas migrantes, a la par de hostigar a las personas defensoras de este sector”, añade.

El diputado Ortega Álvarez advierte que la pésima actuación de los guaruras de empresas privadas es una situación que data de mucho tiempo, y que el caso de los escoltas del empresario Alberto Santíes Palacios -el conductor del Ferrari- quienes agredieron físicamente a otro automovilista, sólo regresó la atención a esta problemática que se hace cada vez más visible

El legislador subraya que en México miles de escoltas y guardias de seguridad privada trabajan al margen de la ley, sin entrenamiento especializado alguno, sin un padrón confiable que regule cuántos elementos hay y quiénes son, y sin reglas que delimiten claramente su labor.

Por lo que dichas empresas de seguridad “constituyen verdaderos ejércitos mercenarios que se encuentran totalmente fuera de cualquier regulación legal, civil o militar”, lo que ha contribuido al incremento de la violencia en nuestro país.

El diputado perredista señala que en el país existen aproximadamente 10 mil empresas de seguridad privada, de las cuales solamente mil 50 cuentan un registro oficial ante Secretaría de Gobernación y autorización federal para ofrecer servicios en dos o más entidades; alrededor de tres mil poseen autorizaciones expedidas por los gobiernos de las entidades federativas, bajo sus propios estándares y sin ninguna regulación real; y alrededor de 75 por ciento brinda sus servicios de manera irregular y con personal sin certificación.

Añade que de acuerdo con la Confederación Nacional de Empresas de Seguridad Privada y Similares de los Servicios del Ramo, el número total de elementos de seguridad privada, entre regulados e informales, duplica a todos los policías de seguridad pública estatales y federales en México.

Por ello, el punto de acuerdo que presentará legislador Omar Ortega Álvarez, busca que la Cámara de Diputados emita un llamado a la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación para que haga pública la información actualizada relativa al número de empresas, el número de empleados que poseen, el armamento y equipo que les ha sido autorizado, tanto a nivel federal como de las entidades federativas.

Y al Consejo Nacional de Seguridad Pública para establecer lineamientos comunes relativos a la reglamentación de la operación de las empresas de seguridad privada en territorio nacional, que permitan un adecuado control de sus actividades y de sus efectivos.

Además, solicita que la Cámara baja exhorte a la Fiscalía General del Estado de Puebla, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que investiguen de manera objetiva, expedita y bajo una perspectiva de derechos humanos, las agresiones de las que ha sido objeto la ciudadanía, bajo la presunta responsabilidad directa de efectivos y la responsabilidad indirecta de dueños, directivos y contratantes de empresas de seguridad privada.