La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) admitió y turnó a la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera los recursos que la dirigencia nacional del PRD promovió en contra de la anulación de la plataforma política de este partido para enfrentar las elecciones de 2016.

Como consta en el portal del máximo tribunal de justicia electoral en el país los juicios fueron registrados con las claves SUP-JRC-110/2016 y SUP-JRC-113/2016  en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, emitido en cumplimiento a una sentencia dictada por la Sala Superior, relativa a la exclusión de ministración de financiamiento al Partido de la Revolución Democrática por no contar con plataforma electoral.

Al propio Galván Rivera se turnó el expediente SUP-JDC-1226/2016 promovido directamente por Luna Porquillo en contra de la misma determinación.

Los recursos fueron presentados el lunes 28 de marzo vía per saltum ante la Sala Superior para que resuelva cuanto antes los procedimientos, ya que el próximo  2 de abril el Consejo General del Instituto Electoral del Estado (IEE) confirmará  la validez  o no de los registros de los candidatos.

Ese día Socorro Quezada Tiempo, dirigente estatal del PRD, confirmó que una de las impugnaciones fue presentada por el propio Agustín Basave Benítez, dirigente nacional.

A través de estos procedimientos el PRD busca determinar que el Consejo General actuó de manera facciosa  como “defensor de oficio” del TEPJF.

También impugna que no se haya respetado el derecho de audiencia del partido del Sol Azteca, ya que no se le notificó respecto de la sentencia del Tribunal.

El pasado 24 de marzo, el Consejo General del órgano electoral anuló la plataforma electoral de este partido político, por lo que se le negaron 9.8 millones de pesos para la campaña de este año.

Para los consejeros electorales su decisión respondió al interés de dar cumplimiento a una sentencia emitida por parte del máximo tribunal de justicia electoral, aunque reconocieron que nunca se notificó de la misma a la dirigencia estatal.