Personal de la caseta de cobro de San Martín Texmelucan prohibió a la familia de Karla Romero Tezmol difundir y volantear la fotografía de la menor de 11 años de edad, desaparecida en el corredor de la trata, ubicado entre Puebla y Tlaxcala, el pasado 13 de enero.

Ciudadanos de Tlaxcala y Puebla siguen apostándose en caminos y cruceros para dar a conductores de trailers y camiones la información, pues confían que a su vez el caso sea replicado por estas personas que atraviesan el país y tienen contacto con tránsito de personas a nivel nacional.

La abogad de la familia Tezmol aseguró que la negativa se hizo sin un argumento legal, amenazando con la fuerza pública, y denunció que este acto ciudadano de difusión que debía hacer la Fiscalía de Puebla --donde existe una denuncia por el delito de trata de personas--- recae en la familia que además es agredida cuando implementa sus propios mecanismos de búsqueda.

“Exigimos respeto, garantía de la integridad física y jurídica de las familias que se han unido a la brigada ciudadana. No queremos ser criminalizados por una jornada que es totalmente pacífica”, dijo Miriam Pascual, abogada de la familia Tezmol.

Pascual resaltó que la Procuraduría de Justicia de Tlaxcala está enfocada a realizar una necropsia psicológica, a pesar de que no existen indicios de que Karla haya muerto. Agentes visitan a los niños para preguntar qué castigos tenía Karla de parte de sus padres, su carácter e insistiendo que podría haberse ella misma causado daño por la violencia que vivía con sus padres.

La abogada asentó que este mecanismo ha sido utilizado en casos emblemáticos como el de la defensora de derechos humanos, Digna Ochoa y  en el de Marina Lima, en los que pudo concluirse suicidio y así dar carpetazo a los casos en lugar de investigar los datos.

“Creemos que esta nueva línea de investigación se está fortaleciendo para responsabilizar a Karla y a su familia de su desaparición”, acusó Pascual.