En los últimos 14 meses se cometieron 50 feminicidios en Puebla, reconoció Víctor Carrancá Bourget, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien insistió que no todos los asesinatos de mujeres pueden tipificarse dentro de este delito, debido a las características que fueron determinadas por el Congreso local.

Al rendir un informe ante el pleno del Congreso este jueves, el Fiscal General del Estado detalló que en el 2015 se contabilizaron 94 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo 37 fueron considerados como feminicidios, según lo marca el artículo 338 del Código Penal.

La cifra contrasta con el análisis hecho por el Observatorio de Violencia Social y de Género de la Ibero, el cual informó que en 2015 documentó 67 feminicidios, mientras que el Poder Judicial sólo reconoce que en todo el sexenio acontecieron 23 crímenes de este tipo.

De los 19 asesinatos de mujeres registrados en los dos primeros meses de 2016, Carrancá Bourget señaló que sólo 13 encuadran en este ilícito y se logró consignar al 70 por ciento de los culpables.

Según el artículo 338 del Código Penal en la entidad, comete feminicidio quien priva de la vida por odio a una mujer, por celos extremos, la mutile o haya violencia sexual, existan antecedentes de violencia, que la víctima haya sido incomunicada  o su cuerpo sea expuesto en un lugar público.

No soy un detractor de la alerta de género

Carrancá Bourget  aseguró que no es un “detractor” de que en Puebla se emita una declaratoria de alerta de género como lo demandan organizaciones civiles.

En la comparecencia que se realizó en el Congreso, la diputada del PVEM, Geraldine  González Cervantes, recordó que el fiscal del estado fue uno de los funcionarios que se negó a apoyar la propuesta que hizo en agosto de 2015 para solicitar a las autoridades federales la declaratoria de alerta de género.

En su exposición, la legisladora precisó que Carrancá justificó su negativa en que no todos los crímenes en contra de mujeres cuentan con las características para ser considerados como feminicidios.

Tras concluir con su intervención, González Cervantes expresó que esperaría no ser "víctima de represalia por parte del Congreso". 

“El año pasado puse sobre la mesa la necesidad de integrar un estudio para definir la viabilidad de solicitar la declaración de alerta de violencia de género en la entidad. Uno de los detractores de dicho planteamiento fue usted, fiscal, anteriormente procurador, la justificación es que no todas las mujeres o que no todas las muertes de mujeres son feminicidios”,  expresó González Cervantes desde la tribuna del Congreso.

A la crítica de la representante del PVEM, Carrancá Bourget afirmó que en las facultades de la extinta Procuraduría General de Justiciano está el solicitar la alerta de género, por lo que no se le puede calificar como un “detractor”.

“Nunca he sido detractor del tema de la alerta de género, a la Fiscalía no le corresponde solicitarla, le corresponde a otras instancias,nosotros lo que hemos hecho es aportar toda la información que se nos ha requerido para el efecto y en particular a la Comisión Estatal  de los Derechos Humanos, la información es publica (…) la valoración de en qué casos procede bajo que supuestos procede le corresponde a otras instancias, no hay tal detracción en ese sentido”.

Robo de hidrocarburos es competencia federal

La Fiscalía General del Estado carece de información sobre el avance de la investigación hecha a exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública involucrados en el robo de hidrocarburos, afirmó Carrancá Bourget.

Fue la representante del PVEM, Geraldine González Cervantes, quien solicitó al fiscal informar si tras descubrirse la participación de los funcionarios se detuvo a más elementos de la Policía Estatal y el estatus del proceso legal en contra de Tomás Méndez Lozano, exjefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y de Marco Antonio Estrada López, exdirector de la Policía Estatal.

El fiscal sostuvo que el caso depende de la Procuraduría General de la República (PGR), debido a que el robo de hidrocarburos es un delito federal, al tiempo que justificó que la Fiscalía no cuenta con los elementos legales ni los recursos para combatir a la delincuencia organizada.

"Es un delito federal provocando que los procesos respecto del director de la Policía Estatal y del que me pide que le explique en qué estado se encuentra son procesos que está en la PGR y por tanto nosotros no tenemos el acceso como tal (...) No tenemos una ley de delincuencia organizada porque es una ley federal (...) en la conferencia de procuración propuse que tengamos una ley general de delincuencia organizada que le permita a las entidades locales combatir con instrumentos a la delincuencia organizada".