La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó que el gobierno estatal efectuó “pagos en exceso” en parte de las obras de Distribuidor Vial D9 del Anillo Periférico, utilizó un banco de materiales sin permiso de la Semarnat, inició los trabajos sin tener liberado el derecho de vía y formalizó convenios de forma extemporánea.

En el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 presentado este miércoles, el órgano detalló que se sobre-pagaron 6.7 millones de pesos por parte de la autoridad estatal debido a que no se descontó el volumen de acero en la estructura, por diferencias en la volumetría de la carpeta asfáltica, luminarias, devolución de retenciones y advirtió duplicidad de conceptos.

Se detalló que se pagaron en exceso 841 mil 241 pesos, debido a que al concreto estimado y pagado no se le descontó el volumen ocupado por el acero de refuerzo en toda la estructura. Esto representó un incremento en la colocación de concreto de 115.96 metros cúbicos.

Asimismo se cuestionó el pago de 197 mil 653 pesos en asfalto y otros 225 mil 764 pesos debido a que los encargados de los trabajos incluyeron en los precios unitarios del contrato OP/PLN001/SI-20140166 un cargo por aditivo para concreto “curacreto”.

La ASF mencionó que en caso de no lograr su justificación, se procederá a la recuperación del monto observado.

No se liberó el derecho de vía

Otro de los señalamientos en esta obra fue la falta de liberación del derecho de vía antes de iniciar los trabajos y de autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para la utilización de un banco de materiales y un depósito de desperdicio.

En la revisión se menciona que por  la falta de liberación de los predios no se pudieron iniciar los trabajos de terracerías conforme al programa de obra, con lo que se comprobó que el gobierno estatal no tramitó ni obtuvo de las autoridades competentes los derechos de propiedad, incluyendo los derechos de vía y la expropiación de los inmuebles.

La ASF recomendó a la autoridad estatal que antes de licitar una obra se tengan liberados los derechos de vía, así como los predios que resulten afectados por la ejecución de los proyectos, de conformidad con la normativa.

Gobierno incumplió con el convenio firmado con la SCT

La Auditoría Superior de la Federación refirió en su dictamen que el gobierno del estado cumplió parcialmente el convenio de coordinación en materia de reasignación de recursos celebrado con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Se determinó que de los contratos de obras públicas con los que se desarrollaría el distribuidor vial D9 -a julio de 2015-  uno se encontró en proceso de ejecución con avances físico y financiero de 33.4% y 35.8%, respectivamente.

Ante lo anterior, se inició una Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria ante la Secretaría de la Contraloría para que investigue y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo por los actos u omisiones de los servidores públicos que permitieron que se cumplieran parcialmente con los compromisos del proyecto.

Cabe señalar que el órgano federal hizo 19 observaciones a esta obra, de las cuales 11 fueron solventadas. Las 8 restantes generaron 7 recomendaciones y 5 solicitudes de aclaración, así como 2 de promoción de responsabilidad.

Además se ejecutaron recuperaciones por 22 millones 961 mil 800 pesos, de los cuales 21 millones 056 mil 600 pesos fueron operados y 1 millón 911 mil 200 pesos correspondieron a recuperaciones probables.