De nada sirve tener una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública perfecta si hay resistencias para su aplicación, aseveró Jorge Machuca Luna, representante de México Infórmate y miembro del Nodo de Transparencia, durante  en el foro “Gira por la Transparencia” encabezado por el Secretario de General de Gobierno, Diódoro Carrasco.

Machuca recordó que existen menos de 64 días hábiles para que se cumpla el plazo para armonizar la ley local con la norma general, producto de una reforma constitucional que  busca proteger el derecho humano a saber que tenemos los mexicanos.

“En Puebla, no está por demás decir que pese a contar con una Ley de Transparencia de avanzada, resultado de la participación de la sociedad civil, nuestro derecho a saber ha sido constantemente violentado. La ley va por un lado, y su aplicación por otro”, dijo durante su participación.

Puso como ejemplo al Poder Ejecutivo estatal que –dijo- ha clasificado como información reservada  auditorías al gasto corriente, procedimientos de responsabilidad administrativa contra servidores públicos y situación patrimonial, además de expedientes relacionados con las obras de remodelación de Casa Puebla.

También dijo que se han reservado  procedimientos de adjudicación de obra pública, los vehículos del gobernador, el costo de los elementos de seguridad que lo custodian, los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) y los trámites administrativos de escrituración a favor del gobierno estatal, entre otros

Aumentan acuerdos de reserva

 “El Nodo de Transparencia ha documentado que en menos de un año, entre el 3 de marzo de 2014 y el 24 de febrero de 2015, el número de acuerdos de reserva del gobierno del estado aumentó de 56 a 98”, refirió.

Ante la visible incomodidad de los presentes, destacando la del presidente del Congreso estatal, Jorge Aguilar Chedrahui, Machuca siguió su recuento y destacó el constante cambio de modalidad de entrega de la información pública como una práctica de opacidad. “Esta práctica usada por dependencias contraviene la disposición constitucional de privilegiar la máxima publicidad”, subrayó.

Señaló también que al presentar un recurso de revisión, en la Comisión de Acceso a la Información Pública, CAIP tampoco se aplica la suplencia de la queja pese a que es una obligación plasmada en el artículo 86 de la ley; “Se ha preservado un elemento absurdo que complica el derecho a saber: la obligación de ratificar el recurso de revisión a más tardar en 5 días hábiles”.

“Eso sin contar la opacidad con que se ha cedido a particulares -por medio siglo-, vía fideicomiso, la administración de los impuestos de los poblanos. Dicen por ahí que si en México se quiere que algo desaparezca, se le debe convertir en fideicomiso”, ironizó Machuca.´

Propuestas ciudadanas ignoradas

Luego del relato de las deficiencias – a su juicio- en la aplicación de la Ley de Transparencia, Machuca aseguró que es evidente la necesidad de la presencia de propuestas concretas a legisladores en debates abiertos y a la luz pública, por lo que calificó de paradójico y absurdo discutir en la opacidad los cambios a la Ley de Transparencia. 

Reveló ante el auditorio repleto del Complejo Cultural Universitario que aunque media docena de organizaciones integrantes del Nodo de Transparencia, presentaron propuestas acompañadas de cuadros comparativos y un análisis jurídico a fondo desde el 19 de noviembre pasado, hace 77 días, hasta la fecha no existe contestación del oficio.

“Están vulnerando nuestro derecho de petición. Y aunque soy parte del Nodo de Transparencia no hubo una invitación formal para el Nodo para este foro, pese a que en el mismo oficio se indicó una dirección para recibir comunicaciones en espera de una contestación de nuestras propuestas” refutó.

“Ahora la pelota está en la cancha de los congresistas poblanos, que decidirán si toman en cuenta éstas y otras propuestas, como la hecha a Puebla por el propio INAI, que pueden ayudar a hacer posible que en el escenario de la vida pública local prevalezca la verdadera rendición de cuentas y la ética pública. Simplemente que se respete nuestro derecho a saber. Que se respete la ley, no pedimos nada más, pero nada menos”, concluyó.