Una reforma constitucional que considere como causal de juicio político el manejo indebido de la deuda pública por parte del  gobernador del estado, legisladores, auditor superior y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), presentó este jueves el diputado del PRI, José Chedraui Budib.

La presentación de la iniciativa se da en medio del escándalo que enfrenta la administración de Rafael Moreno Valle, luego de que el pasado martes el periódico Reforma reveló que los recursos generados por el pago del Impuesto Sobre la Nómina (ISN) son administrados a través de un fideicomiso a cargo de Evercore-Protego, empresa de la que es socio Pedro Aspe Armella.

En la publicación del diario nacional se precisa que desde noviembre de 2012 el gobierno poblano contrató a la firma financiera, la cual se encargará del manejo del ISN por un periodo de 50 años.

La iniciativa de Chedraui Budib es parte de un paquete que propone modificaciones a la Constitución local, la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Proyectos para la Prestación de Servicios, la ley de Presupuesto y Gasto Público y la ley de Deuda Pública.

Previo a la presentación de los proyectos,  Chedraui Budib comentó que la intención es que el gobierno transparente el uso de los recursos de proyectos u obras, así como se definan las garantías de pagos que se darán a los proveedores y contratistas.

Los artículos a reformar

En las modificaciones propuestas a la Constitución local en los artículos 113 fracción I y 125 fracción II inciso b, se incluye el concepto de deuda en los procesos de fiscalización y como causal de un juicio político.

En la propuesta del priísta, el artículo 113 quedaría de la siguiente manera: Fiscalizar en forma posterior, los ingresos, egresos, deuda, control, administración, manejo, custodia y aplicación de fondo, bienes y recursos de los poderes del estado, ayuntamientos, organismos autónomos, entidades paraestatales y paramunicipales, organismos públicos desconcentrados, fideicomisos en los que el fideicomiente sea cualquiera de los poderes del estado o ayuntamientos y en general.

En tanto, en el numeral 125, fracción II inciso b, se indica que se impondrá mediante juicio político las sanciones de destitución e inhabilitación para desempeñar las funciones de gobernador, diputados, auditor superior y magistrados del TSJ si hay un manejo indebido de fondos, recursos y deuda pública del estado.

Esta misma disposición se indicaría en el artículo 8 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en el que se señala que el juicio político procede por la misma causal.

Se obligaría transparentar PPS

Para obligar a las autoridades estatales a transparentar los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y los Proyectos de Inversión (PI), el paquete de iniciativas plantea que la figura Registro Único del Estado tenga carácter “público” y se considere en las leyes de Deuda Pública, de Proyectos de Prestación de Servicios y de Presupuesto y Gasto Público.

La integración del Registro Público Único del Estado obligaría a la Secretaría de Finanzas a transparentar el total de las obligaciones directas o contingentes y empréstitos, los contratos de Proyectos de Prestación de Servicios, los Proyectos de Inversión, las afectaciones y los mecanismos que se instrumenten en relación con dichos contratos y proyectos.

El Registro se publicará a través de la página electrónica de la dependencia y en él deberán incluirse los datos del deudor u obligado, acreedor, monto, contrato, fecha de contratación, tasa de interés, plazo contratado, recurso otorgado en garantía o fuente de pago, fecha de inscripción y fecha de la última modificación del registro.

Olvida Leal contrato de fideicomiso

Patricia Leal Islas, excontralora del estado, evadió responder los cuestionamientos hechos sobre el contrato que el gobierno del estado hizo con Evercore, firma que se encarga de administrar los ingresos que se generan por el Impuesto Sobre la Nómina (ISN)

En entrevista, la ahora legisladora del PAN presumió que al asumir la titularidad de la dependencia se transparentó la deuda del estado y los instrumentos financieros generados por el morenovallismo.

Sin embargo, al preguntarle sobre el compromiso legal de la administración estatal con la firma financiera propiedad de Pedro Aspe Armella, la excolaboradora de Moreno Valle sostuvo que no recordaba todos los contratos signados y que Roberto Moya Clemente, exsecretario de Finanzas, ya había dado una rueda de prensa en la que informó sobre la operación del fideicomiso.

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