Activistas denunciaron el maltrato animal en que incurren los centros municipales de Atención Canina y Felina en San Andrés Cholula, Atlixco y Huauchinango, en donde sacrifican animales en vía pública, ante la presencia de menores de edad y sin ninguna prevención sanitaria.

La abogada María Elena Martínez aseguró que ya interpuso una denuncia penal contra el director del centro de San Andrés Cholula, César Augusto Solana Spezzia, y una queja ante la Contraloría por el maltrato en que incurren los trabajadores de ese espacio.

Personal del centro sacó de un terreno baldío, propiedad del gobierno estatal, a varios canes para luego sacrificarlos en plena vía pública, señaló.

Sin embargo no es el único caso donde funcionarios municipales incurren en el delito de maltrato animal, de acuerdo con Erika Rodríguez, activista en defensa de los animales, quien refirió que en Atlixco se sacrifica a los perros a pesar de que los dueños los reclaman y pagan las multas por la estancia en la perrera.

Procederán de manera penal

María Elena Martínez detalló que en el caso de San Andrés Cholula fue una vecina quien se le acercó para denunciar el maltrato de  un can al que arrastraron por más de 40 metros, además de que, al  cuestionar al director del centro canino sobre el hecho, se mostró prepotente.

"¿Cómo es posible que los mismos encargados de procurar el bienestar de los caninos sean los primeros en maltratarlos y en ser sus verdugos?", cuestionó la también activista.

De acuerdo con María Elena Martínez, el director Solana Spezzia manifestó que San Andrés no tiene la capacidad de albergar tantos perros en el centro y por ello proceden a sacrificarlos en la vía pública.

A partir de julio de 2013 se aprobaron en el Congreso del estado modificaciones al Código Penal para agravar el delito de maltrato de animales domésticos o silvestres con  seis meses a cuatro años de prisión y sanciones económicas que alcanzan 400 días de salario mínimo.

En el artículo 470 del Código Penal se estableció que las sanciones se aplicarán “al que mediante acción u omisión, realice actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier animal con la intención de ocasionarle dolor, sufrimiento o afectar su bienestar”.

Falta sensibilidad en municipios

Martínez expuso que existen más casos de maltrato en otros municipios, lo cual refleja una falta de vocación de los trabajadores de los Centros de Atención Canina y Felina, a la par de que no cumplen con la normativa federal para el sacrificio de animales.

"Hay una nueva NOM (Norma Oficial Mexicana) que dice que a los animales ya no se les puede matar vía electrocución, que era como antes se llevaba a cabo. Sagarpa debe tener un uso restringido de la anestesia (...) y sin embargo estas personas las andan portando (las herramientas) por todos lados de la ciudad. En el caso que citó, aparte de que arrastraron a una perrita más de 40 metros, le dieron muerte en vía pública", agregó y los funcionarios cholultecas dejaron las jeringas en la vía pública, cuestión que también se incluyó en la denuncia penal, debido al riesgo sanitario que podrían generar.

Abundan casos de maltrato

Por su parte Erika Rodríguez señaló que el encargado del centro canino de Huauchinango, Omar Zambrano González, sacrificó a varios canes en un terreno baldío, sin guantes y frente a personas.

Según la NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres, que es obligatoria en el territorio mexicano, "El personal responsable del manejo de los animales, debe mantenerlos tranquilos, evitando gritos o ruidos que los alteren y nunca deben ser movilizados por medio de golpes, jalones, piquetes o la torcedura de la cola, ni levantarlos por la piel o las alas. Se deben utilizar aditamentos que no lastimen a los animales ni pongan en riesgo la seguridad del personal, como paneles y sonajas".

Rodríguez también refirió de un caso en Atlixco donde el  dueño llegó al centro de atención canina a reclamar a su perro, después de pagar una multa, y se percató que fue sacrificado.

Situaciones que le parecieron graves a la activista porque hay "prepotencia, abuso de autoridad y negligencia", que deben ser sancionados por parte de las autoridades.